A principios de septiembre, pocos días antes de comenzar un nuevo curso, se conoció la adjudicación del transporte escolar adaptado, para alumnos con problemas de movilidad, a una empresa privada. Hasta ahora el servicio lo había prestado, con satisfacción para las familias que lo usan, la entidad Cruz Roja. La noticia fue un varapalo para la ONG, que ya se había quedado sin el servicio de vigilancia de playas. Como organización de carácter social, no puede competir en las adjudicaciones en aquello que más parecen valorar las administraciones: el coste económico. Al final, como sucede en la mayoria de lo casos, se busca calidad reduciendo precios, y eso suele ser difícil cuando no imposible. La firma Ambusam se llevó los dos lotes de transporte de Maó y Ciutadella para los cursos 2017-2018 y 2018-2019 con un presupuesto de 129.000 euros. Presta también el servicio en distintos municipios de Eivissa y Mallorca. Y aún no ha pasado ni un mes desde el inicio del curso en Menorca y ya han surgido los problemas. La empresa alega que cumple las condiciones del contrato, que cambió la recogida de los alumnos a domicilio por una ruta de paradas.
Al margen de otros problemas de coordinación, el primer cambio cuestionable es el de introducir por parte de la Conselleria el sistema de paradas, cuando el domiciliario estaba funcionando bien. ¿Para qué? ¿Para ir más rápido, cuando se trata de un servicio dirigido a personas con dificultades de movilidad? Atiende a un grupo reducido, 17 familias, por lo que se podía haber mantenido el método más cómodo para los usuarios. Las administraciones deben ser cuidadosas con el dinero público pero el ahorro en determinados servicios no puede ser lo único que las guíe. Al final, siempre paga la parte más débil del contrato.