El laberinto del elefante al que Puigdemont y Junqueras han llevado a Catalunya acumula los 'días D' mientras prosigue, imparable, la deslocalización de empresas que están trasladando su sede social, y en algunos casos la fiscal, fuera del territorio catalán.
Para ayer estaba convocado un encuentro del Cercle d'Economia de Menorca con el presidente del Cercle d'Economia de Barcelona, Juan José Brugera, presidente de la inmobiliaria Colonial, pero fue cancelado por el incendio social, político y económico que ha creado el proceso independentista promovido por el gobierno de la Generalitat.
Hoy finaliza el plazo dado por Rajoy a Puigdemont para que responda si ha declarado la independencia y vuelva a la legalidad. El Gobierno manifestó ayer que no aplicará el artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat convoca elecciones al Parlament de Catalunya, opción que permitirá clarificar la situación con un nuevo escenario. En una huída hacia adelante, el PDeCAT pidió que se levante la suspensión de la independencia que Puigdemont no proclamó, sino que asumió, pero después firmó una declaración en este sentido, fuera del Parlament.
Más alla de la épica y de los sentimientos, la fractura social es enorme, el clima de incertidumbre y de desconfianza que ha provocado el procés ha con gelado la inversión extranjera en Catalunya, ha reducido el consumo interior, la actividad turística cae un quince por cien y las reservas se hallan en un veinte por cien por debajo respecto a las de octubre de 2016. Ni las entidades financieras -las primeras que dieron la voz de alarma, impulsadas por Fainé y Oliu- ni las empresas tenían que marcharse.
Europa debía impulsar la mediación. Pronósticos incumplidos.
Serán independientes, pero más pobres.