Anunciaron que estaría definida antes de cerrar el 2017, pero el 12 de enero se celebró la cuarta reunión con los alcaldes sin acuerdo. Después fijaron febrero como mes-límite. Nos referimos a la zonificación para el alquiler turístico, que aún no ha logrado aprobar el Consell.
A finales de enero la secretaria general del PSOE-Menorca, que también ejerce como presidenta del Consell durante estos 24 meses, proclamó que "el alquiler turístico debe ordenar y equilibrar, al mismo tiempo que preservar, el modelo territorial de la Isla".
Y en estas estamos. En la tarde del jueves 7 de marzo fue, súbita e inesperadamente, desconvocada la reunión de la comisión técnica asesora que debía dictaminar al día siguiente la propuesta de zonificación. Por este motivo aumenta el retraso y una cuestión que mantiene en vilo a miles de propietarios de Menorca no se abordará, por urgencia, en el pleno de mañana, como se apuntó.
¿Qué ocurrió? El gobierno tripartito ya descontaba la abstención del representante de los ayuntamientos, Ramón Ulldemolins Vidal, pero el mismo jueves llegaron a la sede del Consell inquietantes advertencias de técnicos municipales, concretamente del Ayuntamiento de Maó, tras detectar vuits i nous i cartes qui no lliguen en el documento que debía aprobar la comisión técnica. El teléfono del director insular de Ordenación del Territorio, Eduard Soriano, se puso incandescente, igual que la presidenta Susana Mora, cuyo semblante transitó del morado al violáceo.
Crece el nerviosismo y el tiempo apremia, inmersos en la incertidumbre de dónde se podrá alquilar y dónde no será posible, con el coste político de explicar por qué en unos sitios sí y en otros no.
Como advierte Coia Sugrañes, "será el alquiler turístico con más restricciones del mundo" al estar prohibido en todos los suelos urbanos -excepto Fornells, que recibe el trato de urbanización turística- y también en todos los suelos rústicos. La zonificación nace sin acuerdo.
La nueva fecha para la aprobación inicial es el 23-M, el próximo viernes a las 16 horas en pleno extraordinario, siempre y cuando no surjan más contratiempos ni advertencias. Después proseguirá la tramitación con el preceptivo plazo de exposición pública (30 días), registro y respuesta a las alegaciones. Seguimos sin plazo para la aprobación definitiva y para levantar la moratoria.
La impresión es que esta zonificación no gustará a nadie, tampoco a quienes insisten en aprobarla.
Tensión en el patronato
En el patronato de la Fundació Foment del Turisme de Menorca hay tensión por el malestar de las entidades profesionales del sector. Las últimas incorporaciones no han convencido por su perfil, porque no era el esperado aún no está redactado el plan de acción y hay 300.000 euros en caja -desde junio del año pasadodestinados a promoción que no han hallado ningún proyecto interesante para ser invertidos por el Consell.
La gota que ha colmado el vaso de ASHOME, CAEB y AVIBA ha sido que hay acuerdo con el sector para el traspaso de la promoción turística, cuando lo que existen son discrepancias. Hemos pasado de enero 2017 a abril 2018 para formalizar esta transferencia, pero aún no está redactada la hoja de ruta para este año ni tampoco formado el equipo de trabajo. Desde Mallorca ya nos anuncian que la subdirectora de la Agència Balear de Turisme, Irene Moyá, será la nueva gerente de la fundación menorquina, mientras Isaac Olives explica sin despeinarse que elabora unas bases para elegir al gerente. Y en la página web del Consell el último presupuesto de la Fundació Foment del Turisme que aparece es de 2016. Se le acumulan el trabajo y las explicaciones a la consellera de Turismo.
La factura y la comisión
Montse Morlà, aún no ha logrado averiguar cómo saltó al diario insular la factura de los 156 euros gastados el 8 de enero en un restaurante de Es Castell, donde almorzaron la alcaldesa de Sant Lluís, el asesor jurídico y otras tres personas. El PSOE quiere saber -Teresa Borràs dixit- "quién fue a la comida y el tema que trataron". Puestos a reflexionar, posiblemente debatieron cómo poner en marchar la comisión de investigación, que en diciembre aprobó el pleno por unanimidad, para determinar las responsabilidades por las sentencias urbanísticas (Orfila SL y Binifadet) que condenan al Ayuntamiento santlluïsser a pagar indemnizaciones millonarias.
Naturalmente, aquella comisión investigadora, propuesta por el exalcalde Llorenç Carretero, 48 horas después de haberlo solicitado el PP, aún no se ha formado. Sino Carretero aplica el qui dia passa, any empeny y tiro porque me toca.
POIMA y POICI: tan distinto
Celebra Maó los 50 años de POIMA como gran área económica menorquina creada gracias al impulso emprendedor y la visión de aquel gran alcalde que fue Gabriel Seguí Mercadal. En poniente, en cambio, sigue paralizada la ampliación del Polígono de Ciutadella, con varias empresas que anuncian su traslado a otros municipios por la falta de suelo industrial. Colegios profesionales y empresarios mantienen contactos estos días para exteriorizar su extraordinaria preocupación y malestar por la demora en la concesión de licencias de obras en el Ayuntamiento de Ciutadella porque vulneran todos los plazos.
PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Desde cuándo sabían en Joves Empresaris que no iban a organizar "Innovem 2018"?
¿Qué técnicos del Govern avalan la interpretación del director general de Ordenación del Territorio -cargo político- sobre la ubicación del centro de salud de Alaior?
¿Por qué decidieron Govern y Consell no avalar ni implicarse en la operación planificada por Quesería Ibérica?
¿Volverán a repetirse ahora las protestas y manifestaciones por el dragado pendiente del puerto de Maó?
¿Cuántas reuniones celebrará la comisión de 5 funcionarios y un político para nombrar al fabioler sustitut de Sant Joan?