Sometidos al monopolio de una única compañía que nos traslada a Barcelona en invierno, sujetos a la imposición del incremento de billetes con razones discutibles, al abuso en los precios cuando llegan las fechas más señaladas, o al de las tasas y otros impuestos, el último episodio del aplazamiento para la aplicación del 75 por ciento de descuento con la península no deja de ser otro desprecio más hacia los isleños residentes.
El problema de fondo no es que se dilate la entrada de la bonificación hasta el próximo año porque tampoco se trata de un plazo inquietante. Seguiremos pagando los billetes al precio que nos marquen porque no tenemos más alternativa.
La cuestión es que los únicos perjudicados por el retraso, una vez más, volvemos a ser los ciudadanos de las islas como resultado de la ineficacia de quienes tienen la obligación de defender nuestros intereses después de haberse anunciado la buena noticia aplicada a partir del 1 de julio. Que una cuestión de procedimiento administrativo, burocracia maldita, retrase el descuento cuestiona la falta de empeño en una cuestión capital para los baleares y los canarios. No parece admisible que sean los usuarios quienes deban sufrir un lamentable error en la redacción del documento pactado que no se hizo en los mismos términos que cuando se consiguió el descuento para los vuelos interislas.
Asistimos ahora, tras la inesperada relevación del nuevo ministro, José Luis Ábalos, a la puesta en marcha del ventilador que distribuye culpas a los que ya no están, a los que están e incluso a los canarios que posiblemente se equivocaron al suscribir el texto del acuerdo con el anterior ejecutivo.
Corresponde a Francina Armengol presionar a sus correligionarios en Madrid para que den con otros mecanismos legales que acorten el plazo, porque seguro que los hay. ¿Qué dirían si continuaran en la oposición?