El lunes se aprobará la demolición del puente de Rafal Rubí y su sustitución por una rotonda en superficie. La propuesta se plantea como confrontación entre dos bienes públicos, salvar uno supone condenar el otro, garantizar la máxima protección de un bien relevante del patrimonio arqueológico de Menorca a costa de sacrificar el puente parcialmente construido.
O se opta por el pasado, por un bien que, como se sabe, en miles de años ha permanecido intacto a la mano del hombre, o se opta por el presente, un tránsito rodado más fluido y seguro. Planteado así, como un dilema, el equipo de gobierno opta por el patrimonio del pasado.
Hay una sólida teoría de convertir el pasado en un negocio de futuro y esa es, en efecto, una de las premisas que sustenta la candidatura talayótica. Pero el error está en el planteamiento, en suponer que garantizar la conservación de los bienes del pasado implica renunciar a las exigencias del futuro al dar por hecho que la construcción de una carretera los pone en riesgo o cuestiona su valor.
Me parece un planteamiento perverso cuando es plena la compatibilidad de conservación de las piedras milenarias con una carretera moderna y segura. No creo que los usuarios de la carretera, que somos todos, estén muy de acuerdo en ese planteamiento tan simple que impida salvar ambos bienes. Hay más soluciones técnicas, desde luego, sobre todo si se tiene en cuenta la particular orografía de ese punto, los ingenieros son capaces de ofrecer una docena de soluciones que eviten la interferencia y el dilema de elegir entre un bien u otro. Mejor los dos.
Tengo la sospecha de que así será, de que todo lo que se dice y propone no sea sino agravar la situación para que resalte más después la solución que se adopte, seguramente sin puente y tampoco rotonda en superficie, peligrosa y poco ecológica.