En julio de 1912 el diputado de Unión Republicana de Menorca Federico Llansó Seguí (1862-1933) registró en las Cortes una propuesta para la descentralización administrativa de Balears, inspirada en Canarias.
Aquella ley autonomista para Menorca y Eivissa no prosperó, pero sembró la semilla de la reivindicación para conseguir instituciones políticas de gobierno específicas en las islas menores. En 1923, con el nuevo gobierno de Primo de Rivera, todos los ayuntamientos de Menorca, junto las entidades culturales y mercantiles de la Isla, reclamaron la supresión de la Diputación Provincial para crear los cabildos insulares. Reunidos el 2 de diciembre de 1923 en Es Mercadal dirigieron un telegrama al doctor Llansó, redactado en estos términos: "Ilustre ciudadano. En estos momentos en que trabajamos con entusiasmo para desligarnos del yugo administrativo de la Diputación de Baleares, ha asomado a los labios de todos vuestro nombre querido. Vos, Dr. Llansó, al presentar al Congreso de los Diputados el 2 de julio de 1912 el proyecto de ley descentralizadora para Menorca e Ibiza, sembrásteis la idea que ahora defendemos".
No cuajó el Estatuto de Autonomía de Baleares de 1931, por lo que tuvieron que transcurrir 66 años para que, el 6 de diciembre de 1978, al ser aprobada la Constitución, germinase la semilla de la reivindicación autonómica menorquina que sembró Llansó.
El artículo 141.4 determina que "En los archipiélagos, las islas tendrán, además, administración propia en forma de cabildos o consejos".
En agosto de 1978 se suprimió la Diputación y en abril de 1979 se constituyó el primer Consell insular. Después vendrían el Estatut d'Autonomia de 1983 -que determina las competencias propias-, la Ley de Consells Insulars, la Ley de Financiación y los traspasos de competencias. La Constitución de 1978 hizo posible la histórica reivindicación menorquina.