El caso puertos sobre el posible amaño de concursos por parte de Autoridad Portuaria ha sido un bluf decepcionante. No por la ridiculez de las condenas sino porque ha causado otras víctimas. Diez personas imputadas han sido absueltas sin ser juzgadas. Alguna puede que haya respirado aliviada, sin embargo hay otras que no han podido demostrar su inocencia y que, sin embargo han tenido que soportar la imposición de una fianza de 50 millones de euros en 2017, el embargo preventivo de sus bienes incluso de las pensiones, el coste de la contratación de abogados y la «pena del telediario». Lo más grave es que se han convertido en víctimas por la inoperancia de la justicia. El juez instructor Antoni Rotger inició la causa el 17 de noviembre de 2008 y no se llegó a juicio hasta el 9 de enero de 2019.
Un ingeniero menorquín, Josep Lluís Cardona, ha sufrido todas estas consecuencias durante algo más de diez años. Se ha peleado con la justicia en todas las instancias. Incluso presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, después de que el mismo instructor le denegara hasta cinco recursos contra el embargo, mientras que ni la Fiscalía ni el abogado del Estado le solicitaban responsabilidad civil. El CGPJ rechaza la queja porque considera que no existe dilación debido al gran volumen de trabajo que tiene el Juzgado número 8 de Palma.
Después de diez años, un mes y 23 días se abre el juicio oral y queda absuelto tras un acuerdo entre las partes, que impone penas mínimas a tres imputados.
Publicar hoy este artículo tiene poco valor, porque el caso está cerrado. Lo tendría si en su momento hubiera criticado la desproporción de la fianza, el embargo injustificado o la lentitud de la instrucción. Seguramente, este ingeniero y quizás alguna otra víctima de la justicia debería tener derecho a ser resarcidos por los daños causados.
Yo no creo que todos los imputados sean culpables sin juicio. Por tanto en este caso, como mínimo, algunos merecen una disculpa.