En tres días se constituyen las nuevas corporaciones y sus miembros han de prometer cumplir fielmente sus obligaciones y acatamiento a la Constitución como requisito que valida jurídicamente el cargo. Puede que estemos ante un nuevo festival, similar al vivido hace unas semanas en el Congreso con promesas de «lealtad al mandato democrático del 1 de octubre» u otras osadas condiciones.
Las ocurrencias no son nuevas, hace ya dos décadas que los que se sienten republicanos o reniegan de la nacionalidad de su DNI se inventaron la fórmula de prometer «por imperativo legal», que hizo fortuna desde entonces.
«Como ciudadano partidario de un modelo de estado republicano, federal, solidario y laico prometo por exigencia legal» fue otra de las fórmulas utilizadas. La cosa se ha ido desmadrando y el ingenio ha restado seriedad, no digamos solemnidad, al acto mediante el cual los electos se convierten en cargo público.
Me imagino alguna promesa del estilo «como regatista de traineras, prometo navegar por las aguas procelosas del ayuntamiento de Renieblas». Fórmulas así, para captar el minuto de gloria, momento efímero, son inocentes. En el ámbito municipal no dan mucho de sí porque se plantea la declaración retórica del «¿promete o jura por su conciencia y honor...?» y el interesado contesta necesariamente sí, con posibilidad, claro, de añadir su coletilla personal.
La Associació de Municipis per la Independència ha divulgado entre sus socios una fórmula en la que se habla de la república catalana y se omite la Constitución. Y hasta aquí hemos llegado, ha dicho la Junta Electoral Central. El obligado acatamiento de la Constitución no será válido si la promesa o juramento se condiciona a otras prerrogativas. Luego, una vez en el cargo, se puede trabajar sin trabas por cambiar la Carta Magna e incluso por cambiar la forma de Estado.