La primera demanda ciudadana de Balears continua siendo el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible. El problema se agrava por el extraordinario aumento de la población del archipiélago, excepto Menorca, que al haber apostado por el decrecimiento, incluso registra caídas demográficas en relación a las otras islas.
El presidente de la Asociación de Promotores de Balears, Luis M. Martín Abati, denunció en marzo pasado que se necesitaban, con urgencia, 16.000 nuevas viviendas para atender la demanda más inmediata y acuciante.
Los promotores, conocedores de la realidad del mercado, han propuesto soluciones que pasan por viviendas con precios más baratos. ¿Cómo? Mediante pisos más pequeños y edificios que tengan más alturas.
Naturalmente, estas actuaciones han de ser autorizadas por las administraciones, léase Govern balear, consells insulars y ayuntamientos.
Pero Martín Abati, lúcido e inteligente, advierte que difícilmente se podrá alcanzar alguna mejoría durante la legislatura que ahora empieza por la lentitud del sector público, que se agudiza cuando hay que tramitar modificaciones en las legislaciones, normas y planeamientos urbanísticos.
Cambiar las actuales densidades en vigor para que sea posible la construcción de viviendas más pequeñas exige una tramitación de, al menos treinta meses, o sea, dos años y medio, siempre y cuando todos los grupos políticos se pongan de acuerdo para aprobar las modificaciones imprescindibles.
Los promotores de Balears reclaman, al mismo tiempo, un impulso decidido a la vivienda de protección oficial con la participación del sector privado en las Islas. Pero los hechos son tozudos y, aunque la crítica sea tan fácil, lo cierto es que durante el anterior mandato del Govern del Pacte no se inauguró ninguna nueva vivienda protegida en Balears. Las -empezaron a construir, y en ello están.