El 9 de julio Susana Mora era investida nueva presidenta del Consell Insular de Menorca. Era el resultado del sufragio popular, aderezado con los apoyos finales de Més per Menorca y Podemos para desplazar a la lista más votada y recoger lo que consideran la voluntad genérica para formar un gobierno de izquierdas progresista.
A pesar de no pocas discrepancias en el marco de las negociaciones obligadas, se impuso la lógica y la líder socialista mantuvo la vara de mando del Consell con Maite Salord, de Més, como vicepresidenta.
Menos de dos semanas después las sonrisas se transformaban en rictus de seriedad, impregnados de indignación y se desataba la primera crisis en una sesión plenaria de lo más extraña. Y lo fue porque mientras los tres consellers de Més, socios de gobierno de Susana Mora, votaban en contra del organigrama de la institución insular, paradójicamente lo hacían a favor el de Ciudadanos y los del PP, es decir, la oposición. El mundo al revés.
Que estallara la primera discrepancia profunda en el punto de salida de la legislatura hasta hacerse ostensible en el pleno insinúa una peligrosa fragilidad en el acuerdo considerando el largo mandato que tiene el tripartito por delante y las cuestiones capitales que debe abordar por el bien de la Isla.
Aquello de la confrontación de ideas, la búsqueda de puntos en común en los programas de unos y de otros con el fin de poder ejecutarlos, razonamientos tan esgrimidos en época de pactos, ha vuelto a quedar un tanto en entredicho. El aprieto que han debido encarar los negociadores de las tres formaciones para resolver el conflicto con rapidez y contentar a Més ha tenido que ver con nombramientos y cargos, capacidad de decisión y representatividad, que es lo que normalmente corresponde al fondo real de estos encuentros entre formaciones que han alcanzado el poder.