El retraso crónico en la tramitación y concesión de las licencias de obras, que ayer abordó el Ayuntamiento de Maó, es un problema que se registra desde hace años en los ocho municipios de la Isla.
Ni el silencio administrativo ni el procedimiento de la declaración responsable para las obras de reforma y menores han conseguido agilizar los trámites administrativos y reducir los plazos para obtener las preceptivas autorizaciones. La delegación menorquina del Colegio de Arquitectos llevó a cabo una consultado entre sus profesionales para recabar datos sobre unas demoras que acaben teniendo un relevante impacto sobre la actividad del sector de la construcción y los instaladores implicados.
La situación se complica extraordinariamente cuando intervienen otras administraciones. O sea, cuando los técnicos municipales han de recabar informes y dictámenes de otros organismos, lo que acaba dilatando todos los plazos. O cuando se entra en el laberinto de las subsanaciones de deficiencias y la famosa, por temida, petición: «aporte Vd. nueva documentación». Un embrollo que acaba con la paciencia de promotores, arquitectos, aparejadores e ingenieros.
Los directamente afectados por las dilaciones prefieren no dar la cara para no significarse y evitar ser identificados. Utilizan la llamada a la Redacción para exponer que «espero una licencia desde hace meses y no sé cuando me darán una respuesta». En las asociaciones profesionales menorquinas ya se da por descontada la demora en la concesión de las licencias municipales de obras como hecho cierto y fehaciente, pero optan por no insistir.
Y en los ayuntamientos, los sucesivos equipos de gobierno responden que el ritmo es el «habitual» y airean estadísticas (?) sobre los retrasos de quienes les han precedido en el cargo. Lo que no es ni consuelo ni excusa.
Las licencias de obras -que motivan elevadas sanciones cuando no se han obtenido- exigen más agilidad y más eficacia.