Cuesta observar la escasa resonancia que está teniendo el escándalo destapado en Palma tras conocerse la violación múltiple a una menor de 13 años, tutelada por la administración balear, la pasada Nochebuena.
Esa denuncia ha revelado la existencia de un entramado de explotación de menores que afecta al menos a 16 adolescentes acogidas bajo la responsabilidad del Consell de Mallorca y del Govern balear, que así lo han reconocido. Son residentes en sus centros específicos de protección en los que, dicho sea de paso, hay dos adolescentes menorquines en los socioeducativos Es Fusteret y Es Pinaret, del Govern, derivados por el servicio de menores del Consell insular. Probablemente haya otros que cumplen condenas del juzgado de menores en régimen cerrado.
Dada la tutela del Govern y el Consell de Mallorca, en muchos casos retirada a los padres, resulta incomprensible que la responsabilidad de las instituciones no se mantenga cuando sus tutelados salen a la calle, o que no hayan sido capaces de acabar con otros casos de menores acosados por monitores de los mismos establecimientos.
Las comisiones de investigación abiertas ahora revelan el fracaso de los responsables políticos, ninguno de los cuales ha asumido su cuota de culpa porque no ha habido ni una sola dimisión.
En un gobierno de izquierdas que hizo de la atención a las personas y los servicios sociales, en general, una de sus banderas para llegar al poder con la justicia social en contraposición, dijeron, a las formaciones de derechas, se antoja especialmente penoso que tengan que admitir la existencia de una red de explotación de menores que ellos tutelan.
El escándalo ha revelado la escasa eficacia de los protocolos para resolver un problema que se conocía y una dejadez lamentable para abortarlo.