Las instituciones más próximas han echado mano de su manual de vocablos técnicos para explicar sus planes de choque, esto es, las decisiones que han articulado como medidas urgentes para ofrecer soluciones posibles. Dentro de su limitado margen de acción persiguen aliviar el efecto devastador de la crisis económica paralela a la sanitaria pero que irá mucho más allá en el tiempo.
Redistribución, ajuste, reajuste, superávit, modificación presupuestaria, remanente… de lo que se trata es de echar un cable a cuantos trabajadores y empresas son víctimas de las consecuencias de la pandemia contando con los recursos propios, es decir, las arcas públicas que se nutren de los impuestos.
Como resulta bastante comprensible, –cualquier otra finalidad no lo sería tanto en estos momentos- aquellas partidas que iban a destinarse a fiestas, eventos o actividades en general, suspendidas al tener que evitarse las aglomeraciones, lo serán ahora para financiar las baterías de medidas que han puesto en marcha los ayuntamientos. Recurrirán, además, al saldo disponible que les permita la ley y redistribuirán otras sumas modificando presupuestos. El Consell ha hecho algo similar sacrificando algunas que correpondían a cultura y reserva de la biosfera, principalmente.
Son decisiones que no admiten mucha réplica porque se trata de establecer prioridades en una hecatombe económica como la que sufrimos. Y en ese margen, aparentemente, hay más camino a recorrer economizando cargos que con la pandemia también han visto reducido su trabajo, o simplemente aplicándole reducciones porcentuales en retribuciones ya que ninguno de ellos se ha visto abocado al ERTE o al despido. La urgencia que pone en peligro tantos puestos de trabajo, tantas empresas, tantos autónomos merece sacrificios generales para incrementar las ayudas y dejar para más adelante otras iniciativas, como la cuestionable de ofrecer una beca para investigar la prostitución y el tráfico de personas en Maó, dotada con 20.000 euros por el ayuntamiento.