Qué es lo que pone en la ley, caballero?» o «Usted no tiene legitimación para desahuciarnos» son algunas de la frases que le espeta una mujer que ocupa ilegalmente una vivienda al acompañante de la propietaria, mientras esta apenas logra balbucear palabra ante semejante caradura, quien termina con la perla que ha hecho viral el vídeo en cuestión, «póngase en contacto con mi abogado». Esto sucedía en Canarias pero el problema de la ocupación se repite en toda España y no es más que una invasión de la propiedad en toda regla, por mucha ‘k' que le pongan para darle ese aire transgresor, alternativo y contracultural que el movimiento -los squatter que surgieron en la Gran Bretaña del siglo pasado y que se extendieron por Europa ocupando casas abandonadas-, ya no tiene en absoluto.
Cada vez son más los casos de invasiones de casas de personas que están hipotecadas, que siguen pagando agua y luz, que se ven impotentes para expulsar a quienes pisotean sus derechos y que no encuentran amparo en la ley, metidos en procedimientos judiciales eternos mientras otros parasitan. Es demencial, absurdo, incomprensible para las víctimas y entre ellas, muchos extranjeros que tienen segundas residencias en nuestro país, y atención, que ya empiezan a dejar de adquirir ante el temor de verlas invadidas. Es lo que faltaba para el año del coronavirus, que veraneantes asiduos de nuestras islas se planteen dejar de serlo ante la posibilidad de que entren en sus casas mientras ellos no pueden viajar. En el primer semestre del año se registraron en España 7.450 denuncias. En Balears hubo 132 frente a las 164 de 2019, y eso con la medida pionera de permitir el desalojo sin orden judicial en casos muy claros, gracias a una instrucción del fiscal superior de las Islas. El problema del acceso a la vivienda no justifica esta deriva y esta indefensión, la ley debe modificarse para proteger la propiedad y evitar que empeore aún más el mercado del alquiler.