Un maestro en esto de escribir me dijo un día que hablar de los sueldos de aquellos que temporalmente -más de veinte años en algunos casos- se dedican a la política era demagógico, tienen derecho a una retribución digna, criticarlo sin más resulta facilón. Salvo que hablemos de sobresueldo, de ese plus de 22.000 euros implantado en su día en el gobierno de la Comunidad Autónoma para poner en igualdad de condiciones a los cargos de las islas menores respecto de la mayor y que Podemos ha pervertido.
De los 15 cargos públicos que perciben esa bicoca, el doble de lo que cobran miles de trabajadores mileuristas, siete eran del «partido de la gente», escogidos no por su cualificación técnica, salvo uno, sino porque habían perdido el cargo que ocupaban en la autonomía catalana u otras. Algunos de estos llevan veinte años cobrando del presupuesto público y Mae de la Concha, la delegada de Pablo Iglesias en Baleares, los rescató después de que los electores de otros territorios, desagradecidos, les dejaran tirados. No renuncian a nada para ser merecedores de esta compensación, no dejan una vida acomodada en otro lugar para sacrificarse por los ciudadanos de las Islas, circunstancia que haría comprensible un plus, que en todo caso y en los tiempos que corren habría de ser más modesto.
Ríanse del famoso nivel 33 de los funcionarios políticos o viceversa, el privilegio que reporta de media 180 euros mensuales más a los cientos de beneficiarios y que por fin ha sido eliminado en muchas administraciones por los partidos de la casta. Podemos ahora se pone gallito para defender un plus más abusivo todavía. Pura parodia, o postureo que dirían ellos, que nadie «pase pena», ni Yllanes ni De la Concha van a dimitir, que una cosa es la dignidad y otra el calorcillo que aporta una nómina pública reforzada con 22.000 euros.