Hay una incidencia acumulada silenciosa, que no es la de la desgraciada pandemia, sino la de las personas que esperan para que les sea valorado su grado de discapacidad. Ahora mismo son casi el triple aquellos que aguardan estoicamente a tener ese trámite realizado que los casos de coronavirus, pero no se siguen al minuto, solo cada equis tiempo se vuelven a solicitar los datos que, de nuevo, confirman el atasco del servicio.
Y así van ya cuatro largos años. El retraso es generalizado, se da en todas las comunidades autónomas, con una media de entre diez meses y un año, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad; en Menorca incluso se supera. Pese a que el problema está extendido no es algo con lo que nos tengamos que conformar, «mal de muchos, consuelo de tontos», dice el refrán, y así van pasando los días y los meses, y como siempre, mientras a uno no le toque sufrirlo en sus propias carnes, el colapso no se aprecia tan grave.
La discapacidad o diversidad funcional puede acompañarte toda tu vida o ser sobrevenida, por una enfermedad o un accidente cuyas consecuencias te impiden desarrollar tu actividad normal. Eso viene acompañado de limitaciones, ya de por sí duras, que se suman a la merma de ingresos económicos. Tener ese grado de dificultad reconocido es indispensable para optar a ayudas y derechos, desde una simple tarjeta de estacionamiento o una subvención para readaptar tu vehículo, a becas, desgravaciones fiscales, o plazas reservadas de trabajo o estudios, no es algo menor.
Se conoce perfectamente cuál es el origen del retraso, la dificultad de lograr un médico fijo para realizar las valoraciones, la Conselleria de Asuntos Sociales no esconde el problema pero tampoco ha logrado resolverlo. Ahora que la vía telemática se abre como una posible solución para descongestionar el servicio, es necesario que ese proceso se acelere, y sería de justicia que el reconocimiento de la discapacidad tuviera carácter retroactivo.