Desde que comenzó la campaña de vacunación contra la covid-19 los geriátricos estuvieron en el foco de atención, primero por alojar al colectivo más vulnerable y con el que se cebó la enfermedad, los mayores, y segundo -y también chocante precisamente por haber vivido tan de cerca el efecto de la pandemia-, la resistencia de los trabajadores sociosanitarios a la inyección. Los responsables sanitarios están preocupados.
El portavoz del comité balear de enfermedades infecciosas se dirigió específicamente a este colectivo para apelar a su responsabilidad y pedirles que «repiensen» sus temores y se vacunen. En esa misma línea el coordinador de la campaña en Menorca reconoce que la proporción de vacunados entre las plantillas sigue siendo baja, y eso que ha mejorado, porque al principio había residencias en las que la mitad de los trabajadores no quería vacunarse.
El miedo sigue siendo libre pese al coronavirus. Un 72,7 por ciento de empleados tiene su primera dosis frente a un 93 por ciento de usuarios. En los geriátricos se visualiza a la perfección el conflicto que surge entre la libertad individual y el interés colectivo. Es una difícil encrucijada, tanto para aquel que trabaja en un lugar sensible y puede fácilmente ser tachado de insolidario, como para la administración y las empresas que deben gestionar la situación. No sabemos cómo se va a resolver este conflicto de intereses ni cómo se ha hecho ya en otros centros de trabajo.
También es curioso por ejemplo que el personal sanitario tenga un 78 por ciento de vacunación con primeras dosis, y no se acerque al cien por cien. En todo caso, así como nos informan de que el riesgo cero no existe, con la vacuna y con cualquier medicamento, quizás ayudaría también a despejar dudas que se hablara más sobre quién responde ante posibles daños, de la responsabilidad civil, quién la asumiría, con el pago de indemnizaciones, si te toca ese porcentaje ínfimo de reacciones graves. Cuanta más transparencia haya, más gente querrá vacunarse.