El primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020, acabó con más de un millón de propuestas de sanción por infringir algunas de las medidas impuestas para frenar la pandemia. Con 47 millones de personas que debían quedarse en casa, saliendo a la calle solo por causa justificada, aunque la cifra sea elevadísima se queda corta para lo que podía haber sido.
Los expedientes sancionadores resueltos en España -falta contabilizar País Vasco y Catalunya-, por infracciones graves a la Ley de Seguridad Ciudadana, suponen una cantidad de 115 millones de euros. Solo 75.217 propuestas de sanción tienen ya el expediente concluido, con la bonificación del pago por anticipado. Balears va a la cola y ha cobrado 914 de las 20.398 sanciones propuestas a particulares y empresas, por infracciones que van desde las básicas, como fumar caminando o no llevar la mascarilla, a las graves, con la apertura de locales sin cumplir el aforo o las condiciones sanitarias. Eso ha supuesto ingresar 144.208 euros de los 3.984.344 acumulados en multas pendientes.
El atasco en la tramitación es monumental, porque efectivamente, como aseguran desde la Conselleria de Presidencia, todo el mundo debe tener el derecho a alegar, deben cumplirse los plazos establecidos y hay que notificar correctamente al infractor. Además, en los casos en los que se ha ido a la vía judicial para intentar evitar el pago de la multa están surgiendo conflictos jurídicos y sentencias dispares en diferentes comunidades. Algunos jueces han anulado dichas sanciones y otros las han confirmado. Sea como fuere, ya nos advierten también desde la Administración que no hay motivos para confiarse: si les notificaron amablemente una sanción por ir con la mascarilla en la nuez o saltarse el toque de queda, el papelito les llegará, tarde o temprano, pero lo hará. Son extraordinariamente competentes cruzando datos para que las sanciones lleguen a su destinatario y cobrarlas, ojalá lo hubieran sido igual para actualizar datos del paro y pagar lo que tocaba.