Saben aquel que diu que a un menorquín le toca el Gordo y un amigo le pregunta que cuánto se ha embolsado. «Nada, un pellizco, solo 22 millones de euros». Esta cantidad es lo que tendrá que poner el Consell del bolsillo de todos los menorquines si quiere acabar las obras de la carretera general. Por tanto, no es un chiste, en un drama, cuya representación debería incluir la atribución de algunas responsabilidades políticas.
El silencio de la consellera balear de Hacienda, Rosario Sánchez, el viernes, después de casi dos meses de esperar sus respuestas, es más significativo que las palabras. El convenio de carreteras con el Estado, que debía aportar este dinero, ha volado y la misión de recuperarlo es imposible incluso contratando a Tom Cruise. La única opción políticamente viable es que el dinero salga de los fondos REB de insularidad, esa aportación del Estado al Govern de 110 millones de euros durante cuatro años, pero para conseguirlo la presidenta del Consell debería transformarse en Catwoman y atacar el Consolat de Mar, donde Francina Armengol guarda, cual Golum, su tesoro, el primer dinero que Madrid suelta en concepto de Régimen Especial de Balears. Una misión tan difícil que cabe descartarla. Armengol, tras el gol del PP con el acuerdo del Senado para aplicar las medidas fiscales del REB, no dejará que le vacíen la caja para financiar las carreteras, porque ese pescado (dinero) ya estaba vendido.
Al final, el Consell, a no ser que demuestre una fuerza política inédita, deberá decidir entre desembolsar de sus cuentas los 22 millones o gastarse los 3 previstos para el año que viene en apedazar lo urgente y dejar sin acabar la obra interminable.
A la consellera Francesca Gomis se le ha truncado la hoja de ruta en la que trabajaba. A ver si los 3 millones de fondos propios del Consell solo le darán para demoler un puente y poco más.