En marzo de 2019 un grupo de vecinos de Es Castell, usuarios con sus perros del pipicán de Cala Pedrera, presentó una petición al Ayuntamiento para que en dicho recinto se realizaran mejoras. El terreno es generoso, su apertura fue una buena noticia, pero se advertía en aquel escrito –apoyado por cerca de 150 firmas–, de los fallos de seguridad, debido a la escasa altura del vallado y a la proximidad de la carretera; cualquier fuga canina representa un peligro, para el animal y para las personas, por los coches que circulan a mucha velocidad por la vía paralela al parque. Se pedía, como ya se ha hecho en otros recintos de este estilo, en la ronda de Maó por ejemplo, un cercado en condiciones, para poder disfrutar del parque sin riesgos para nadie, además de otras mejoras: no hay fuente, la limpieza y desbroce de la zona son insuficientes, el desnivel del terreno es de una altura considerable, pudiendo ocurrir accidentes en el interior.
Han pasado tres años y la respuesta a aquella idea ciudadana es que «se está estudiando la mejor solución». Sin embargo, ahora ponen en marcha una medida como es el registro de ADN de los perros del municipio para localizar a sus dueños y multarles si no recogen sus excrementos. A priori nada que objetar, en aquel escrito de 2019 también se sugerían medidas como cámaras de vigilancia para dar con los incívicos que visitan el parque canino, no solo los que dejan cacas sino también latas, basura, restos de todo tipo habiendo papeleras a pocos metros. Aunque claro, registrar el ADN de tanto personal guarro es ardua tarea. Pero es que para fichar a los canes se destinan nada menos que 16.000 euros del erario público, a un sistema que sí se aplica en algunas ciudades pero que también algunos colegios de veterinarios consideran ineficaz y que plantea dudas jurídicas a la hora de sancionar. Como siempre, vemos que las medidas de prevención en el lugar indicado, el pipicán, van lentas, pero las ideas para multar avanzan a buen ritmo.