El anuncio de la aplicación, a partir del 2023, de las deducciones fiscales incluidas en el Régimen Especial de Balears que se aprobó en febrero de 2019 ha puesto en guardia a los políticos nacionalistas de Canarias.
Se ponen nerviosos cuando desconocemos el contenido y la eficacia de unas medidas que deberían reducir los sobrecostes de la insularidad en el archipiélago mediterráneo. .
Sostiene Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, cuestiona que «la tercera comunidad más rica de España [Balears] compita con Canarias» y se remonta a los Reyes Católicos para defender el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Clavijo advierte, incluso, que el REB de Balears puede hacer perder el estatus de Canarias en la Unión Europea.
La realidad es tozuda: Balears, como Canarias, es región insular, lo que provoca unos altos extracostes que castigan las economías domésticas y lastran la competitividad de las empresas de estas islas. Aspiramos a que nos compensen y que se aplique en Balears el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Y ello no implica reclamar ningún privilegio, sino que, como ciudadanos podamos vivir en igualdad de condiciones que en la península; y que nuestras empresas puedan producir y competir sin agravios ni extracostes.
Olvidan Clavijo y los políticos que cuestionan el REB, previsto hasta el 2028 -Marga Prohens ya ha presentado una enmienda a los Presupuestos del Estado para que sea indefinido- que Balears sigue por debajo de la media de las inversiones estatales. En 2023 recibiremos una inversión de 152,2 euros por habitante, cuando la media estatal está por los 280, siempre que se ejecute todo y no repitan anuncios -Comisaría de Maó y Juzgados de Ciutadella- que no se cumplen. Y, ¿cuándo cambiarán la regla de minimis, que impide compensar todo el sobrecoste de transporte de mercancías en Balears, a diferencia de Canarias?