Cuesta imaginar que una familia peninsular, por ejemplo, no vaya a poder trasladarse a Menorca embarcando su propio vehículo, como pretende la Ley Menorca Reserva de Biosfera.
Sin su coche, con toda seguridad, tendrá que incrementar el presupuesto de sus vacaciones para conocer la Isla, a riesgo de que decida permanecer estática en su estancia vacacional como si fuera, entonces, un impulso al ‘todo incluido', tan denostado por otros sectores.
La restricción a la entrada de coches, contemplada como opción en la norma que ya podría aplicarse este año si la aprueba el pleno del Consell, no va a resultar tan sencilla.
La medida será controvertida porque hay muchos intereses en juego, por un lado, y porque la red de transporte público que se necesita para sacar a los vehículos de las carreteras en julio y agosto, principalmente, no es la que está disponible en la actualidad. Está muy lejos de serlo.
¿Qué dirán las navieras si ven reducido el negocio que supone llenar sus bodegas de coches en cada desplazamiento? ¿Y los restauradores y oferta complementaria en general si se limitan los movimientos de los turistas por falta de medio de transporte? ¿Cómo reaccionarán las multinacionales de los rent a car o aquellos que tienen segunda residencia en la Isla?
El acuerdo social y político al que se refiere el PSOE antes de poner en práctica este freno al tráfico rodado va a resultar demasiado complicado como para que la restricción entre en vigor esta próxima temporada, según pretende Més per Menorca, defensor principal de la iniciativa.
Acabar con la saturación de las carreteras insulares en los meses de temporada alta que incrementa la sensación de masificación, y reducir las emisiones contaminantes en la atmósfera son argumentos ciertos que justifican este punto incluido en la nueva norma de la reserva. Pero no parece que la Isla esté en condiciones de meterse en este atasco a tan corto plazo.