Concluyó ayer Francisco Tutzó su intervención, en el acto institucional del Parlament con motivo del 40 aniversario del Estatut d'autonomia, con una reflexión certera, que interpeló a los asistentes: «Lo que de verdad importa al ciudadano es que se haga un buen uso de esta norma jurídica y que los recursos públicos sean administrados con austeridad y transparencia», afirmó.
Porque, como subrayó quien tuvo la responsabilidad de entregar, en diciembre de 1981, y en nombre de la Assemblea de Parlamentaris i Consellers, el proyecto de Estatut a Landelino Lavilla, presidente del Congreso de los Diputados, queda aún camino por recorrer. Por ejemplo, la financiación de los Consells es una asignatura pendiente.
La Transición generó una gran ilusión, al abrir una nueva etapa de derechos y libertades, con el gran acuerdo político para la Constitución de 1978; y, en Menorca, la eliminación de la Diputación Provincial y la creación de los Consells insulars permitía llegar a la meta que marcó el doctor Llansó en 1912, cuando se constituyeron los Cabildos en Canarias. Atrás quedaba el fracaso de la Segunda República con los recelos de Menorca, que impidieron aprobar un estatuto de autonomía para Balears.
«La sociedad -manifestó Tutzó, que presidió el primer Consell de Menorca (1979-1983)- ha de percibir que está gobernada por personas honestas, responsables y eficientes». En caso contrario, una mala gestión de los recursos públicos, con contratos a dedo, demoras inexplicables para ejecutar los proyectos y un laberinto normativo cada más intrincado, generan frustración. Cuando no se comprende la actividad política, con el debate parlamentario convertido en descalificación del adversario, se provoca desafección ciudadana, alimentando populismos y extremismos. La legítima defensa de los principios ideológicos no ha impedir que, en las cuestiones de Estado, el gobierno y la oposición sepan sumar sus esfuerzos.