Varias noticias y realidades han confluido estos días en la actualidad menorquina. Por un lado Sebastián Rotger publicaba en estas páginas otro de sus siempre clarificadores artículos en el que venía a tratar sobre el abuso administrativo que padece nuestra isla comparada con, por ejemplo, Ibiza. Efectivamente, con 60.000 habitantes menos Menorca tiene tres municipios más que nuestra hermana pitiusa mientras que también la supera en número de trabajadores públicos (con lo que aquí ya gozamos de una muchedumbre funcionarial de casi 2.000 personas que nada producen sino que solo gestionan) para aplicar un presupuesto ostensiblemente menor al de Ibiza (60 millones menos).
¿Significa esto que para gestionar menos recursos (casi un 20%) aquí requerimos mucha más administración? Yes. That's it., lo que hace opinar a muchos que Menorca está sobresaturada de administraciones que para justificar su existencia necesitan ‘marcar paquete' y hacerse notar dictando, cada una de ella, su propias normativas y obligaciones lo que constituye una maraña normativa colosal que enturbia el desarrollo de la isla.
Por otra parte se ha publicado también estos días que la isla hace tiempo que ha dejado de tener aquellos 60.000 bucólicos habitantes de los años sesenta y setenta cuando Menorca era un ejemplo de desarrollo económico. De forma continuada la isla ha ido aumentando su población hasta superar actualmente los cien mil habitantes permanentes (aún un 60% menos que Ibiza). Como dato sociológico hay que notar que los llegados en los últimos años no son de habla específicamente occitana sino que tienen el español como su lengua vehicular. En Mahón puede comprobarse en cualquier calle y en los supermercados. Es un hecho que puede incomodar a los localistas pero esa es la nueva realidad social de la isla después de 8 años de la izquierda en el poder.
Otra de las noticias de estos días es la negociación entre el PP y Vox para permitir que gobierne en Baleares la candidata del PP, clara ganadora de las pasadas elecciones, aunque no por mayoría absoluta como algunos tienden a creer y pretenden esparcir. Estas negociaciones se producen en tres planos: uno donde el acuerdo es relativamente fácil, otro que presenta medianas dificultades y, el último, aunque principal para Vox, de difícil concordancia porque toca y pretende remover pilares asentados de la vida social y política de las últimas décadas en las islas donde el nacionalismo, con la aquiescencia hasta ahora sumisa del PP, ha impuesto su ley.
Entre las de fácil acuerdo está la supresión del Impuesto de Sucesiones, la bajada de impuestos incluidos las Transmisiones Patrimoniales, no aplicar la confiscatoria ley de la Vivienda, dejar en suspenso la Lomloe (Ley de Educación), anular las moratorias turísticas y aplicar una nueva normativa a la Ley de alquiler vacacional... Luchar sin cuartel contra la okupación ilegal, exigir un plus de insularidad para los empleados estatales (Fuerzas de Seguridad, etc.), eliminación inmediata de la exigencia del catalán en la sanidad balear, compensación para las empresas insulares del peso de la insularidad...
Entre las de grado de dificultad media estaría acordar garantizar la enseñanza del español como lengua vehicular en todas las etapas educativas (Vox quiere derogar la Ley de Educación Balear mientras el PP solo quiere ‘retocarla'), la eliminación de la ecotasa que pretende Vox y que defiende el PP, el cierre de IB3 que defiende Vox y que rechaza el PP. Aquí se podría llegar a un acuerdo cambiando la programación y contenidos. Y los responsables, claro. También podría haber ligeros problemas con el adelgazamiento del gasto institucional a ultranza, como defiende Vox, así como la reducción de conselleries y cargos, mientras el PP es más tibio en este punto. Vox cuestiona el cambio climático y es contrario a contaminar el campo de nuestras islas con plantaciones de placas solares criticando las políticas de transición energética mientras que el PP quiere crear un departamento de medio ambiente específico. También podría haber ciertas diferencias en las políticas de familia, más conservadora las de Vox y más políticamente aceptables las del PP.
Finalmente, entre las dificultades de grado consolidado estaría la exigencia de Vox de derogar la ley de Normalización Lingüística que aprobó en su día el PP en plena explosión de la corrección política. Puede que, mientras se vaya digiriendo este cambio radical, se consiga el acuerdo de cumplir (y hacer cumplir) el Estatuto de Autonomía que cita expresamente como protegibles a nuestras modalidades isleñas (mallorquín, menorquín, ibicenco) hasta ahora raptadas y ocultadas por un barceloní que actúa de okupa en nuestras escuelas.
También habrá discrepancias en la derogación de la Ley de Memoria que exige Vox y que apoyó el PP cuando lo aprobó el primer pacto de izquierdas de Armengol. Y otra discrepancia surgirá con la derogación de la ley de Género que también preconiza Vox junto al cierre de todos los chiringuitos ideológicos adscritos. Finalmente otro de los puntos de difícil acuerdo será la devolución al Estado de las competencias de Sanidad y Educación que asimismo preconiza Vox.
Sí, vivimos días muy interesantes para saber cómo serán nuestras islas Baleares en los próximos años. Y se tendrá que aceptar que ha sido el pueblo quien ha dado representación y poder a Vox (2.500 votos en Menorca) para que aplique su programa tal y como ya lo hicieron todos los que han gobernado hasta ahora. ¿O no?
Notas:
1- La derrota de la izquierda balear ha sido también la derrota del catalanismo balear. Y tendrá que notarse.
2- Un conocido profesional mahonés bautizará el edificio donde se sitúa su despacho como ‘Edificio Mahón'.
3- ¿Quién van a presentar en el nuevo Parlament una modificación del articulado de la Ley que impide topónimos en español? Ya lo hizo Simón Gornés en su día. Pero ahora tendrá que blindarse.
4- Cuando se apruebe dicha modificación ¿quién podrá negarse a cumplir la nueva Ley?