Causa sorpresa el silencio y la inacción del Consell en el conflicto que enfrenta a los trabajadores de las estaciones de ITV con su empresa, Rheinland Certio, en Maó y Ciutadella. El paro indefinido avanza y deja daños colaterales que sufren día a día los usuarios sin que nadie aporte una solución, tampoco la institución insular, como única responsable del servicio, ni ofrece la más mínima explicación al respecto.
La huelga iniciada el 23 de mayo galopa hacia el mes de vigencia con un escenario enrocado. La empresa no cede a las exigencias de los trabajadores, hastiados de incumplimientos anteriores, entre otras razones, para evitar un efecto dominó con los inspectores mecánicos de otras concesiones con las que cuenta en el territorio nacional.
Certio solo aceptará negociar si el colectivo en huelga desconvoca el paro, pero los empleados ya han llegado demasiado lejos y el pulso está en el aire con peligro añadido. ¿Qué pasará si un coche sin revisión pero con cita aplazada por la huelga sufre un accidente con consecuencias graves?
Es un conflicto laboral común que, sin embargo, tiene un alcance superior porque incide en centenares de residentes que después de aguardar tres meses para la inspección, ven como se les proporciona otra fecha a partir de octubre.
Desde la última reunión hace más de dos semanas no se conocen nuevas aproximaciones y el gobierno del Consell, en plena recogida de bártulos porque finaliza su tarea, tampoco ha impulsado un nuevo encuentro que desencalle la situación y devuelva la normalidad a un servicio precario desde hace dos años. Su responsabilidad como titular del servicio le obliga a tomar la iniciativa para provocar una resolución en bien del ciudadano.
Dictar los servicios mínimos que se cumplen a diario no es lo único que se espera del área de Movilidad que, en este caso, no pasa la ITV; parece haber bajado los brazos a costa del usuario y que sean los que vienen quienes lo resuelvan.