En un mes se han vivido dos accidentes de tráfico en el centro de Maó que podrían haber tenido consecuencias terribles. El primero de hecho ya las tuvo, con una niña y una mujer heridas, ambas en ese momento pasaban por la céntrica y tranquila Plaça Reial de Maó, con terrazas donde se servían desayunos; eran solo las 10.20 de la mañana cuando una furgoneta de reparto se empotró contra los bancos de la zona peatonal. Una primera conclusión de la investigación apuntó a un fallo mecánico en el freno de mano del vehículo. El jueves pasado otro accidente similar provocó el pánico en la Plaça de la Miranda, cuando un coche fuera de control se estampó contra la fachada de un inmueble y literalmente la destrozó, entrando en el salón de una vivienda deshabitada. Hubo un herido leve y, de nuevo, podría haber sido mucho peor, pero a las 14,30 horas muchos negocios de la zona, normalmente llena de gente, ya habían cerrado.
Desde luego un suceso es impredecible, la fatal casualidad entra en juego, pero son dos incidentes que aparentemente y a falta de que concluya la investigación –falta el informe del segundo accidente–, muestran el fallo mecánico como causa. Hay que recordar la elevada edad de los vehículos que circulan por nuestras carreteras, salvo cuando llega la temporada y desembarcan los nuevos modelos para el alquiler; el parque automovilístico tiene una media de edad de más de 12 años en todos los municipios. Se venden más coches usados, eso implica más envejecimiento aún del parque, más averías y revisiones. Además la ITV está en proceso de recuperar la normalidad, tras una huelga de más de dos meses que generó largas demoras, con lo que ello implicó en la falta de puesta a punto de muchos coches por no tener citas. Es inevitable pensar en todos esos factores y el riesgo que supone para conductores y peatones el retraso acumulado, cuando se trataba de una cuestión de gestión política y de voluntad empresarial.