La culpa viene a ser de los jueces que malinterpretan la ley porque, según Irene Montero, el consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado. Es la valoración que ha hecho la ministra de Igualdad en funciones respecto a la rebaja de la condena a Ángel Boza, uno de los integrantes de la manada, célebre por su violación grupal a una joven en las fiestas de San Fermín.
Ese despreciable hecho fue la espoleta para activar la elaboración de esta norma chapucera que ha cerrado el círculo reduciendo aquella condena, es decir, exactamente el fin contrario que justificó su redacción. Para Montero la responsabilidad no es suya, tampoco de sus socios de gobierno socialistas que le dieron el visto bueno y ahora callan, lo mismo que Yolanda Díaz, quien por algo excluyó a la ministra de su proyecto.
Eso sí, a Irene y al resto de gobernantes les faltó tiempo para disparar y ejecutar al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, en una cacería insólita con ciertas aristas como la de desviar la atención pública para que se hable menos de la negociación y las concesiones de Sánchez a los independentistas en su propósito de repetir presidencia a cualquier precio.
El ya exfederativo cavó su fosa con un comportamiento soez, vulgar que reveló su catadura moral y evocó la figura del macho ibérico casposo. En este caso, la presión política más que la social ha acabado por mandarle a su casa renunciando a su desmesurada nómina y al status social inherente al cargo. Tenía que dimitir porque un tipo así difícilmente pueda representarse más que a sí mismo, si le añadimos el historial de escándalos que acompaña su trayectoria.
Sin embargo, el linchamiento a Rubiales por los mismos que niegan un mínimo perdón debido a sus propios errores en la ley del sí es sí -1.200 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas-supone un ejercicio de hipocresía solo al alcance de estos políticos que, como Rubiales, tampoco nos merecemos.