Rebajas tributarias a las rentas más elevadas, reserva de 20 millones de euros para un proyecto antilingüístico –solo para los primeros meses; habrá presiones ulteriores–, retirada de ayudas a agentes sociales y económicos, reprogramación de los proyectos de la llamada ecotasa. He aquí, en trazo amplio, el ajuste que piensa implementar el gobierno conservador en Balears, con el aliento en el cogote de la extrema derecha, siempre en acecho. Recordando, a su vez, que el Govern está en minoría, y que debe aceptar lo que se les exige. Por tanto, manda la agenda programática de la derecha extrema. Los cuatro factores son claramente ideológicos y negativos: no se avienen con el bien común, toda vez que segmentan socialmente, van a paralizar inversiones comprometidas en transporte público y, al mismo tiempo, ponen palos en las ruedas a un entendimiento más adecuado en clave de gobernanza con los agentes sociales. El Govern se quita ingresos o los dilapida, como esos millones dedicados a satisfacer las fobias de los ultraderechistas en su recorrido fantasmagórico, ante el que se ha opuesto ya el grueso de la comunidad educativa. A su vez, se nos comunica de forma tácita que, con ese bagaje, todo se fía a un crecimiento económico sujeto a una gran incertidumbre y a la reinversión de los impuestos condonados a los más ricos de la comunidad. De nuevo, el fallido Arthur Laffer y su torcida curva se asoman, sin recato, tras esas propuestas.
En todo presupuesto, analizar con cuidado los ingresos es una pieza esencial para el responsable de las finanzas. De ahí se derivarán las asignaciones de gasto e inversión. Sin embargo, el presupuesto lo aguanta todo: es un documento –un cúmulo de papeles– que presupone acciones económicas. Lo que se acabará por dilucidar es si la tesorería –las arcas públicas– van a tener el dinero fresco que se ha preconizado. En este punto, la ejecución del presupuesto es lo que debe seguirse con la mayor observación, a partir de las informaciones que se proporcionen desde la conselleria competente en Hacienda.
Quitarse ingresos de manera deliberada, como se deduce de lo anunciado por el Govern, choca frontalmente con lo que se recomienda desde entidades supranacionales, empezando por la propia Comisión Europea, y siguiendo por organismos nada sospechosos de izquierdismo como el FMI o el G7. Y todo en un contexto de previsible debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Aquí, en las conversaciones bilaterales que tendrán el conseller y el Ministerio de Hacienda –que las tendrán–, y no solo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el tema saldrá a la luz: usted –se dirá desde instancias ministeriales, dirigiéndose al conseller– rebaja impuestos a quien más tiene, y me pide más dinero que contribuya a compensar el previsible desequilibrio. Mal comienzo para negociar.
Los documentos político-económicos tienen pátina ideológica. Sostener lo contrario es no entender cómo se fabrican. De lo que se trata es de mejorar la vida de las personas, poniendo la justicia social en su frontispicio. Esto es Adam Smith (en su «Teoría de los sentimientos morales»): frente a Laffer.