«A los políticos les digo que no pueden ni deben permitir que una persona, queriendo vivir, se sienta obligada a morir por la falta de la ley ELA y de las ayudas que conlleva… Lo que les estamos pidiendo es que antes de morir dignamente nos den la posibilidad de vivir dignamente y eso hoy es imposible en nuestro país».
Tan desgarrador discurso fue el que ofreció Juan Carlos Unzué, exportero navarro del Barça, el martes en la Sala Constitucional de la Cámara Baja. Lo hizo tras constatar el desprecio de la inmensa mayoría de diputados que dieron la espalda a la comparecencia solicitada por pacientes de esta cruel enfermedad y claman por la tramitación de la ley aprobada por unanimidad hace ya casi dos años.
La escena que ha conmovido al país es un doble escarnio para la clase política, tanto la gobernante como la formada por los grupos en la oposición. Solo cinco diputados tuvieron a bien acudir al acto que no era de asistencia obligada aunque atendiéndonos al plano moral, solidario y humano deberían haber estado presentes los 350 que componen el hemiciclo.
Su indiferencia hacia los enfermos que ven como su vida se consume pese al esfuerzo de sus familiares resultó vergonzosa. La ausencia de «sus señorías», en la mayoría de los casos, cobra mayor relevancia a partir de la demanda que pretendía exponer y expuso pese a todo, la asociación de pacientes de esta patología que ahora lidera el célebre guardameta. Exigen la regulación que garantice una vida digna a las personas que padecen ELA y para ello, que se tramite de una vez la ley aprobada en su día que quedó olvidada en un cajón del gobierno tras bloquearla en decenas de ocasiones.
Vista la respuesta de los diputados y el desarrollo fallido de la ley está claro, mal que nos pese, que generan más convocatoria aquellos que apelan a la opción de decidir sobre una muerte digna que los que sufren enfermedades con dependencia y quieren seguir viviendo.