El Consejo de Ministros aprobó este martes la creación de una empresa pública, modelo SEPI. Se llamará Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, estará creada en 3-4 meses y pretende mover 20.000 millones de euros. Según reconoció el lunes el propio ministro del ramo, entrar en el accionariado de Telefónica será uno de sus objetivos. Escrivá también se refirió a que la nueva sociedad estatal quiere dar músculo a empresas que impulsen proyectos tecnológicos mediante créditos, subvenciones e incluso la entrada en su capital.
La pregunta es ¿qué pinta el Estado entrando en empresas privadas? Resulta sorprendente que se cree una nueva empresa y que ésta pretenda entrar en empresas privadas. Más aún, si nos han venido diciendo desde que se aprobaron por la Unión Europea los Fondos Next Generation que entre sus principales objetivos estaba precisamente facilitar fondos para la transformación digital y tecnológica de las empresas españolas. Para este cometido, que ha sido un fracaso, la verdad es que no se ve la necesidad de entrar en el capital de esas empresas.
Lo que sí es evidente es que desde que España empezó a recibir esos fondos es que éstos no llegan a las empresas. Tampoco a las que querrían digitalizarse o renovarse tecnológicamente. El caos en la adjudicación de esos fondos millonarios ha sido puesto de manifiesto hasta por la propia Unión Europea y por la dimisión de dos de sus responsables españoles. De hecho, las últimas cifras conocidas son muy decepcionantes ya que no se ha alcanzado a adjudicar ni el 12% de su volumen total. Por tanto, es pertinente preguntarse ¿por qué mediante una empresa pública va a mejorar la pésima gestión que se ha realizado hasta ahora? De hecho, lo que las cuatro grandes tecnológicas europeas están pidiendo es menos regulación para poder competir, lo que creo que casa mal con tener al regulador metido dentro.
Faltan muchas explicaciones sobre las verdaderas intenciones del Gobierno con este movimiento. Más regulación y sobre todo más burocracia es lo que ha frustrado en parte que España sea el país que primero recibió los fondos y ahora sea la última en su buen reparto y que las dudas sobre el destino real de esos fondos haya ido a parar a cubrir sus verdaderos objetivos.