La sentencia sobre Muleta II, unos terrenos en el Port de Sóller, en los que se iba a construir una urbanización que nunca se llevó a cabo, pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de arbitrar medidas para que sean los responsables de lo sucedido, tanto en este caso como en muchos otros, los que paguen de su bolsillo la indemnización de casi 100 millones de euros a Matias Kühn. Me da igual si los terrenos se desclasificaron, si después se reactivó la edificación y si al final se declararon rústicos.
De nada me vale que se culpen unos a otros por lo sucedido, que se limiten a lanzarse acusaciones y a defender sus posturas, porque aquí lo que importa es que, por culpa de unos y otros, serán los ciudadanos los que tengan que hacer frente al pago, cuando deberían ser los políticos, los que nos han llevado a esta situación, los que tendrían que abonar al promotor esta cantidad. Que se lo descuenten de sus sueldos, porque solo así serán conscientes de lo que entrañan sus acciones para las personas. Ellos son los culpables y nosotros pagamos.