Más allá del estrambótico episodio de la tocata y fuga de Carles Puigdemont, la semana política catalana podría ser el espejo en que se mira Balears, sobre todo si se analiza el acuerdo de financiación, que supone un concierto encubierto similar al que tienen el País Vasco y Navarra. El acuerdo se ha conocido en paralelo a la notificación por parte del Ministerio de María Jesús Montero del dinero que llegará a las Islas el año que viene en concepto de financiación autonómica. El vicepresidente Antoni Costa ya sabe que recibirá la misma cantidad que este año porque la posible subida en los ingresos queda neutralizada por los 450 millones que se irán a financiar servicios básicos de otras comunidades autónomas.
La cifra es un 60 % superior a lo que se ha pagado este año y, tras la salida de Catalunya del sistema, cabe preguntarse si la factura de la solidaridad aún subirá más en el caso de Balears. Con la negociación catalana surgen muchos interrogantes de política ficción y uno de ellos es qué pasaría si Francina Armengol estuviera al frente del Govern. Marga Prohens ya ha denunciado el trato excepcional hacia Catalunya y ha dicho que peleará con todas sus fuerzas para evitarlo. Los socialistas de Balears no se han pronunciado por ahora así que no sabemos si están de acuerdo o no. En otros tiempos y en otras circunstancias, lo más probable es que el Govern hubiera reaccionado de manera completamente diferente a como lo ha hecho ante la singularidad fiscal catalana. Este modelo es objetivamente bueno para las Islas, así que, lo lógico, es que Balears se sumara a la reivindicación y también reclamara el mismo sistema para las Islas.
Es lo que hizo Jaume Matas cuando José Luis Rodríguez Zapatero apoyó una reforma del Estatut de Catalunya que mejoraba sustancialmente la capacidad de autogobierno de la comunidad. Matas pidió la mismo. Dijo que Balears no podía ser menos que Catalunya y, a rebufo de Barcelona, Matas y Francesc Antich lograron que se aprobara una reforma del Estatut balear que, entre otras muchas cosas, permite a la presidenta disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas, faculta al Govern a aprobar decretos-ley y establece que Balears debía recibir durante siete años una financiación singular que se tradujo en las famosas –y casi inexistentes– inversiones estatutarias. Casi nada.
Ahora no ha sido así. Marga Prohens no se ha sumado a ese espíritu reivindicativo que impregnó a todos los presidentes autonómicos en el momento Estatut. Nadie ha pedido lo mismo que Catalunya, aunque es objetivamente bueno para Balears, eso sí, a costa de romper la caja común y con ella España, por usar la retórica del PP. ¿Dónde habría estado Armengol en esta batalla?