El presidente Sánchez lleva trabajando meses, por no decir años, en un intento de controlar a los medios de comunicación. Nada original, porque eso es lo que intentan todos los dirigentes políticos en cuanto llegan a la poltrona. Pero resulta sumamente curioso el que sucumba a ese afán regenerador desde el momento en que su esposa está siendo investigada por el juez, un hecho que cualquiera considera lo más natural del mundo cuando existen sospechas de que puede haber incurrido en un delito. Parece que lo más lógico sería no alterarse tanto y dejar que siga el procedimiento, que ya se resolverá en justicia, sin darle esa importancia extremada que trasluce un nerviosismo fuera de lugar.
Se propone un Plan de Acción por la Democracia, pero hasta ahora no se ha informado cumplidamente de las treinta y una medidas que lo conforman, del grado de acomodación a la directiva europea, ni de los sistemas de supervisión que se establecerán, con el sustancial añadido de cuál será el órgano que lleve a cabo las comprobaciones pertinentes, cuestiones nada triviales. Ignoramos si el Plan conseguirá ser aprobado por las Cortes -lo que dada la debilidad parlamentaria del Gobierno está por ver- y la repercusión que tendrá sobre las páginas digitales, donde se les fustiga con mayor intensidad, por lo que se hallan en su punto de mira. Por otra parte, ¿no piensan actuar de alguna manera contra unas redes sociales que a veces sobrepasan los límites?
No aceptar que la prensa les zahiera indica poca capacidad de aceptar las críticas que sus acciones u omisiones dan lugar. Lo que no se debe permitir son los ataques infundados o las mentiras flagrantes, aunque dado el ejemplo que están dando los políticos de esta hora no parece que sea para echarse las manos a la cabeza. Los ataques infundados pueden ser respondidos desde una amplia divulgación de sus actos e intenciones y una auténtica claridad respecto a todo lo que se mueve en el ámbito de los ministerios. El llamado Portal de Transparencia deja sin respuesta a centenares de cuestiones que se le plantean, cuando está creado precisamente para que aparezca la verdad con nitidez inexcusable. En cuanto a las mentiras, bulos e infundios, lo pertinente es recurrir a la protección judicial.
En cuanto a las falsedades, ¿qué decir de las que nos echan encima ciertos políticos, sin que les salgan llagas en la boca ni se avergüencen de los bufidos que nos lanzan? El periodista radiofónico Carlos Alsina preguntó un día a Pedro Sánchez con una osadía, que no es muy frecuente en el gremio: «¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente?» La respuesta también es para ser enmarcada: «He tenido cambios de posición política (…), porque he tenido que tomar decisiones muy difíciles, muy arriesgadas y muy complejas…». Siempre puede haber cambios entre lo que uno aspira a realizar y lo que la realidad (o la conveniencia) demanda en un momento dado, pero conocer estas irregularidades deja a la ciudadanía con un palmo de narices, evidentemente no a todos, sino a los que conocieron aquellas afirmaciones y luego se encuentran con actuaciones muy alejadas de la propuesta inicial. Claro está que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alcanzan en ocasiones un grado de falsedad y de incoherencia que deja mucho que desear.
Tenemos la sensación de que los políticos que practican estos desmanes están mostrando con su comportamiento una falta de dignidad y de vergüenza impropia de los cargos que ocupan. Malo para ellos y malo para nosotros, porque constituye una burla que no nos merecemos de ninguna de las maneras.