La mayoría de los españoles no comprende lo que ocurre con la Ley de Extranjería, porque se supone que hay formas legales de entrar en el país para quedarse y formas que no lo son. A estos últimos, que se cuentan por miles cada semana, la legislación vigente dice que hay que expulsarlos, a menos que sean menores de edad. Pero no se hace, o se hace con cuentagotas. Desde algunas altas instancias alegan que su fuerza de trabajo es necesaria para un país que no logra cubrir los puestos laborales que requiere el dinamismo económico que estamos viviendo. Un argumento raro cuando hay casi tres millones de parados apuntados a las listas de empleo y no consiguen encontrar nada decente. Pero, aun así, si miles de personas son necesarias y bienvenidas, ¿por qué no se les dan de inmediato los papeles que requieren para ponerse a currar?
Ahora el Congreso aprueba unas modificaciones para acortar plazos y facilitar que los inmigrantes irregulares puedan iniciar una nueva vida en nuestro país. ¿No sería mejor para eso derogar de una vez una ley que solo les pone palos en las ruedas? A partir de ahora necesitarán dos años de estancia ilegal en suelo español para tramitar su documentación, cuando antes eran tres. ¿Me quieres decir que condenar a una persona a vagar con una mano delante y otra detrás durante dos años es coherente con el argumento de que necesitamos esos brazos? Sin papeles no pueden más que someterse a las mafias. En tres años legalizarán a un millón de personas, a saber cuántos más se quedan en la estacada y, más importante, qué efecto llamada ejerce esa «generosidad» del Gobierno. La sensación, desde la calle, es que no saben qué puñetas hacer con un «fenómeno» que se les ha ido de las manos.