Los economistas estamos habituados a tener que escoger entre varias opciones, con el objetivo de tratar de mejorar los retos a los que se enfrenta la Sociedad. Lo hacemos mejor en ámbitos locales y próximos a nuestra realidad.
La manera de hacerlo, de buscar soluciones, es incentivando y desincentivando las conductas sociales. Existe una vasta biblioteca de casos en la literatura económica. Esta nos da una serie de criterios y pautas: como es muy difícil acertar con una política económica a la primera hay que probar, no con experimentos en el vacío, sino aprendiendo de casos similares, estableciendo «casos piloto» y analizando los resultados. Por ejemplo, AENA nos explicó hace unos meses que tenía dos pilotos-ensayos de torre de control digital remota en Menorca y en Vigo, y que, a la vista de los resultados generalizaría su implantación, o, no.
Por tanto es importante, con tiempo, ir probando soluciones alternativas. Hay que dialogar también con la ciudadanía, comunicarles las intenciones y los objetivos temporales -muchas veces el rechazo es por desconocimiento ante lo inesperado, lo nuevo, sin preparación- y favoreciendo siempre el debate.
Los gestores públicos creen, que ya que disponen de mayor información que el resto de la población, están mejor capacitados que el resto de los ciudadanos para implantar las políticas, que es para lo que han sido elegidos. Es una equivocación porque los ciudadanos queremos ser partícipes de alguna manera en lo que se va a decidir (que para eso somos ciudadanos).
Por tanto hay que preparar a los «sujetos pasivos» de las medidas, con tiempo; y por supuesto hay que conseguir el máximo respaldo social, porque es la condición del éxito del programa.
Es necesario seleccionar los problemas a los que se quiere hacer frente, estableciendo prioridades; no se puede abordar todo al mismo tiempo, empezando (aunque no dé votos) por las deficiencias más graves; en Menorca, probablemente, por el problema del agua.
Por supuesto cualquier mejora necesita de un nivel de inversión mínimo. A veces no se requieren grandes y costosas infraestructuras (por ejemplo, desaladoras) sino la aplicación de criterios inteligentes (por ejemplo obligando a tener contadores digitales de consumo de agua a grandes consumidores) pagados por la autoridad insular. Disponer de datos, darlos a conocer y elaborar una política de tarifas de un bien público escaso, que desincentive el consumo/despilfarro, podría ser el camino.
Es crucial invertir en comunicación, en todos los aspectos. Los ciudadanos quieren conocer, entre otras cosas, por qué paga los impuestos. En este sentido sería muy conveniente que los municipios que han implantado la recogida selectiva hicieran auditar los resultados de la misma, lo confrontaran con los que no lo han hecho y ayudaran a perfeccionar la aplicación para mejoras futuras.
Para asegurar su eficacia las políticas públicas necesitan un nivel de control. No necesariamente burocrático. Por ejemplo las viviendas turísticas ilegales o alegales han de ser controladas por personal especializado, formado para esta función, con el manejo de los instrumentos de data adecuados, pero, además no sería desacertado convocar a la población y a las entidades con mayor sensibilidad, a poner de manifiesto posibles casos irregulares y, de paso, fortalecer la política. Y luego publicar los resultados de la campaña. En la sociedad actual dar cuenta de los resultados se convierte en crucial.
Tanto el Consell como los Ayuntamientos deberían establecer anualmente el «día de dar cuentas» con la puesta en común de las «campañas» que han emprendido en año anterior.
En la literatura económica moderna aparece el concepto de «misión», debido a la economista romana Mariana Mazzucato (57 años). Con imaginación creativa piensa que la flexibilidad por parte de la Administración Pública es un valor que enlaza con la necesidad de atacar los problemas como si se trataran de una misión (como ir a la Luna).
Con inversión pública, obviamente, pero con gestión flexible, por programas, que empiezan y terminan, muchas veces con un responsable (comisario) al frente, con objetivos concretos y temporales. Este «comisario» debería ser elegido por concurso de méritos y por un tiempo determinado.
Los incentivos y desincentivos se pueden aplicar de forma suave a través de políticas de precios y tasas, o de manera menos sofisticada por medio de controles y limitaciones físicas. Cuando los precios no son un indicador de control de la demanda (la tasa turística para la entrada en la Isla) no queda más remedio que poner límites de cantidad (coches que pueden entrar en la Isla).
La discusión política debería girar entre estos dos tipos de políticas (incentivos), antes que dejar de tomar decisiones. Porque, mientras tanto, el territorio (bien común de todos) se deteriora y los ciudadanos viven peor (la vivienda).