Cuando una normativa legal ocasiona injusticia para la colectividad, debería actuarse de manera diligente y modificarla o mejorarla de tal manera que no fuera agresora de los derechos de los ciudadanos.
Este es el caso de la normativa del Plan General que está causando, no solo molestias a muchos vecinos del centro de Mahón, sino revertiendo la historia milenaria de los patios y jardines interiores de esta bella ciudad.
La historia de los patios de muchas casas de Mahón se remonta a la época medieval y se construían para ofrecer espacios donde el aire, el sol y la vegetación ofrecieran a los habitantes un lugar privado, no solo hermoso, sino útil que componía el conjunto de esos espacios, zonas verdes que beneficiaban a todo un vecindario.
Con el tiempo fueron evolucionando y se han convertido en verdadero patrimonio de la ciudad, oasis con árboles y plantas que imprimen carácter a nuestra isla.
Estos patios son verdaderos tesoros arquitectónicos y culturales que reflejan nuestra historia y la identidad de Mahón.
Pues ahora resulta que el Ayuntamiento concedió licencia para construir en esos patios... y es una licencia legal... ¿Pero aún siendo legal es justa?
Todos sabemos que la legalidad se refiere al cumplimiento de las normas, pero la justicia va más allá y lo que la justicia busca es la equidad, y un trato imparcial.
La legalidad pretende buscar una convivencia pacífica estableciendo marco de actuación claro pero también crear un marco de buena convivencia.
Justicia debería implicar la consideración de las circunstancias particulares de cada caso y buscar soluciones que sean justas para los implicados.
Estoy hablando de las quejas que la construcción de «volúmenes» en alguno de esos patios de Mahón, están suscitando entre vecinos que han visto que sus «oasis» se convierten en patios cerrados al levantar «su vecino» una edificación que sobresale en mucho del muro inicial que tenía y cuya altura oscurece el patio, deja de correr el aire, no entra el sol... en fin que convierte ese espacio en un hueco entre paredes.
La justicia debería aplicarse en estos casos, creo que son más de quince vecinos afectados por sendas construcciones que se están levantando al lado de sus patios.
Nuestro alcalde y quizás también los que han conseguido esa licencia deberían ser más empáticos con la situación y como mínimo haber mantenido conversaciones sobre ello.
No vale escudarse en la legalidad, debe imperar la justicia, ya que la justicia debe buscar el equilibrio en las relaciones sociales incluso si las leyes no lo contemplan.
En realidad la justicia debería ser el horizonte hacia donde debe dirigirse el derecho, y la ley, ser reflejo de ello.
Si esa ley, que ahora es el escudo para decir que «las licencias otorgadas son legales» no es justa, debe cambiarse.
Pero sobre todo, el ayuntamiento, debe mostrar su sensibilidad y actuar dando voz a todas las partes.
No podemos cargarnos la historia cultural, patrimonial y la convivencia pacífica por una ley que, a todas luces, no es justa.
Me recuerda, este tema, el intento de «cargarse» las «casetes de vorera» de hace un par de años... la sensibilidad de alcaldes y la protesta de vecinos consiguió parar este disparate. ¡Y la orden de derribo venía de Madrid!
Este es un buen ejemplo de que la justicia se impuso a la norma.
Animo a los responsables a meditar y hacer justicia más que ampararse en la norma.