Como ciudadano comprometido con la unidad de España, la igualdad entre todos los españoles y el respeto al orden constitucional, no puedo sino manifestar mi total coincidencia con las palabras pronunciadas ayer, 14 de julio de 2025, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su intervención no solo fue valiente, sino necesaria. Frente al pacto alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña para establecer una «financiación singular», es urgente alzar la voz y decir, sin rodeos: esto es una agresión directa a la España de todos.
Lo que se ha acordado no es una mera cuestión técnica o fiscal. Es un proyecto político disfrazado de avance autonómico, que pone en riesgo los pilares fundamentales sobre los que se ha construido nuestro país desde la Transición. Y no, no es exageración: cuando una comunidad autónoma recibe privilegios financieros y fiscales por encima del resto, sin justificación objetiva y con el único propósito de mantener el poder político de un gobierno central rehén del independentismo, lo que se consuma es una ruptura de la igualdad y de la solidaridad que deben regir entre españoles.
Coincido plenamente con Ayuso al calificar este pacto como una sentencia de muerte para España. Si Cataluña puede recaudar y gestionar sus propios impuestos de forma unilateral, al margen del sistema común, mientras el resto de comunidades permanecen sujetas a las reglas habituales, entonces estamos frente a un modelo asimétrico y arbitrario. Lo que debería ser una comunidad autónoma dentro de un Estado se convierte en un ente con estatus casi estatal, y eso es inaceptable.
Madrid, Baleares, la Comunidad Valenciana y otras regiones no solo serán discriminadas, sino que deberán asumir el coste de la financiación que Cataluña deja de aportar al fondo común. Se calcula que cada madrileño podría acabar pagando unos 2.000 euros adicionales al año para sostener este desequilibrio. ¿Acaso eso es justicia territorial? ¿Acaso eso es igualdad?
Lo más grave es que todo esto no es casual ni técnico. Es una operación política orquestada por Pedro Sánchez con el único objetivo de mantenerse en La Moncloa a cualquier precio. Ya no hay dudas: este presidente ha decidido entregar España a quienes quieren romperla. Ha perdido toda legitimidad moral para representar al conjunto de los españoles.
Ayuso lo dijo sin ambages: Sánchez actúa como un tirano enloquecido, en fase terminal, que vive exclusivamente para contentar al independentismo catalán. Y es así. Lo demuestra cada cesión, cada amnistía, cada concesión, cada silencio cómplice ante los desmanes del separatismo. ¿Hasta cuándo se va a seguir entregando soberanía, legalidad y dinero a quienes nunca han creído en España?
Uno de los elementos más alarmantes de este pacto es la creación de una Hacienda propia en Cataluña. A esto lo llaman «singularidad», pero no es más que un paso hacia la creación de un Estado dentro del Estado. Un embrión de independencia encubierta. Una «nación paralegal», como bien dijo Ayuso, que opera con sus propias normas, pero usando el dinero de todos. No podemos olvidar que ya lo intentaron en 2017. Y ahora, gracias al gobierno más débil y oportunista de la democracia, están más cerca de conseguirlo por la vía legal y presupuestaria.
Como si no fuera suficiente, el principal garante de nuestra Carta Magna, el Tribunal Constitucional, está hoy politizado y neutralizado. Isabel Díaz Ayuso denunció con valentía que su actual presidente, Conde-Pumpido, ha convertido la institución en una herramienta partidista. Yo lo comparto. No hay control real sobre el poder cuando quienes deberían limitarlo son cómplices de su deriva.
La Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá este acuerdo ante el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional y todas las instancias necesarias. Y eso me parece correcto y urgente. Pero la batalla no es solo legal. Es también moral, política y ciudadana. Los españoles que aún creemos en una nación unida, solidaria e igualitaria tenemos que movilizarnos, alzar la voz y no ceder ni un milímetro.
Nadie cuestiona que todas las comunidades tengan particularidades, historia o necesidades concretas. Pero eso no otorga superioridad. Cataluña no es más que nadie. No se le puede premiar por haber desafiado la ley, por haber despreciado a España o por amenazar con repetirlo. Esta lógica perversa debe ser combatida sin complejos.
Fraga Iribarne, uno de los padres de la Constitución, ya advirtió en su día que el Título VIII, tal como fue aprobado, era una cesión que abría la puerta a que los nacionalistas, con el paso del tiempo, socavaran la unidad de España desde dentro. Hoy, esa advertencia se ha cumplido con creces.
Lo que entonces fue una concesión pensada para integrar, ha terminado convirtiéndose en la herramienta jurídica con la que se cuestiona nuestra soberanía, se descompone el principio de igualdad y se debilita la Hacienda pública estatal. Fraga tenía razón. No es el sistema el que ha fallado, es el uso perverso que se ha hecho de él, precisamente por quienes nunca creyeron en el proyecto común. Y ha llegado la hora de rectificar, antes de que sea demasiado tarde.
España no se puede trocear, no se puede chantajear, no se puede negociar a espaldas de la mayoría. Como dijo Ayuso: «Estamos ante la destrucción planificada de la España de todos. Y yo no pienso callar». Y yo tampoco