Premiar ilegalidades con dinero público. Regalar subvenciones sin revisar los proyectos ya no sorprende, pero sí indigna. Como el caso que nos lleva hasta Alaior, donde un hotel rural, que se presenta como eco y sostenible, ha sido noticia por explotar un pozo ilegal.
Un claro ejemplo de greenwashing o publicidad engañosa que busca lavar la imagen de una empresa para hacerla parecer más ecológica de lo que es en realidad.
Y ojo, que mientras extraía hasta 40.000 litros de agua diarios sin permiso, también recibía ayudas públicas. Concretamente, un millón de euros de los fondos europeos por ser «eco-responsable». ¿Quién revisa estos proyectos antes de soltar el dinero? ¿Dónde están los filtros? Porque una cosa es fomentar el turismo rural, eco y sostenible, y otra muy distinta financiar actuaciones que incumplen la normativa ambiental. Y esto no podemos permitirlo.
El hotel rural abrió sus puertas el 17 de mayo del año pasado. La clausura del pozo ilegal llega tarde. El daño al recurso hídrico ya está hecho y la imagen que queda es la de una actuación negligente, que ha puesto en riesgo una zona especialmente sensible como es Menorca, y la de una administración descoordinada y permisiva.
Las subvenciones deberían estar condicionadas a un cumplimiento riguroso de las normativas ambientales, en este caso.
El hotel rural, que ocupa la base militar de Llucalari, en la zona de acantilados justo encima de una playa virgen, se publicita abiertamente en su página web como una finca que «alberga 15 suites de lujo, todas con jardín y piscina». 15 piscinas privadas de hasta 27 metros cuadrados y otra comunitaria de 500 metros cuadrados. Justo encima de una playa virgen. ¿Tan difícil es exigir informes previos, inspecciones reales y seguimiento? El agua se nos escapa entre las manos.