A los economistas nos gustan los mercados. Vemos que cubren una función social que beneficia a los consumidores, y a los ciudadanos en general. Nos enseñaron, desde jóvenes, a vigilar que los mercados cumplieran con la función de establecer precios de equilibrio y vigilar estrechamente que no se produjeran prácticas que atentaran a la libre competencia.
Que en aquellas actividades económicas reguladas se estableciera un justo control, que se regulara correctamente. La historia nos dice que, en general, y salvo en algunos aspectos, el «invento» de los mercados ha favorecido que la colectividad avanzara. O, si prefieren, que, hasta ahora, no se haya descubierta otra fórmula mejor.
Fomentar la competencia se convierte en un bien de interés general. Evitar los oligopolios, perseguir las prácticas restrictivas de la competencia, también.
En consecuencia, deberíamos intentar dotarnos de una organización pública que tuviera como misión defender la competencia; que evite que algunos mercados se oligopolicen (por ejemplo, las grandes tecnológicas), y tiene que ser pública, pero independiente al mismo tiempo. En España la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y en Catalunya la ACO.
En concreto la CNMC ha dedicado más de un año a estudiar en qué condiciones permitiría la OPA del BBVA al Banco Sabadell. Ha estado analizando si el hecho de pasar de cuatro grandes competidores a dos en el mercado bancario español (el segundo compraba y absorbía al cuarto) constituía una concentración , en especial en el mercado de pymes, y afectaba a la competencia.
En su resolución puso restricciones a la operación. Luego el Gobierno, en base al criterio del «interés general» (distinto del de competencia) ha emitido su dictamen conforme al marco jurídico aplicable a este tipo de operaciones de calado.
A este procedimiento se le llama regular, velar porque los mercados puedan operar favoreciendo la competencia. Pero, una vez dicho esto, y dado el marco general, todos podemos convenir en que hay ciertos bienes en los que difícilmente el Mercado pueda dar soluciones óptimas.
Por poner algunos ejemplos: es evidente que el mercado del acceso a la vivienda asequible no asigna bien los precios por falta de oferta que se ajuste al poder adquisitivo (los salarios) de los jóvenes. El suelo apropiado es un bien escaso. En tales circunstancias, si se quiere proteger un derecho constitucional no queda más remedio que intervenir. Además, existen mercados más tensionados que otros con lo que las políticas públicas generalistas son menos eficaces. Es un ejemplo de que la norma general no funciona.
Otro sector particularmente sensible es el de la salud, también de la farmacia. En la cultura europea a casi nadie se le ocurriría dejar que estos «bienes públicos» estuvieran sin control esperando que la oferta y la demanda se ajustaran.
Después de la crisis del coronavirus y de la fractura de las cadenas de valor constatamos que no era conveniente no controlar ciertos elementos estratégicos. No sólo las vacunas. De ahí emerge un no-mercado de actividades sensibles: material militar por supuesto, pero también el control de la producción de chips, materias raras etc. El Estado, de la noche a la mañana, no puede asumir el compromiso sobre estos nuevos sectores sensibles a la seguridad nacional. Se hace necesario un concierto –fuera del mercado– entre las empresas privadas y cotizadas, por ejemplo, Indra, y la administración económica.
Relacionado con el punto anterior el sistema público-privado de Investigación y Desarrollo (I+D) requiere de un tratamiento, a largo plazo, de cooperación, básicamente en la transferencia de tecnología, fuera del mercado.
Y finalmente, pero no menos importante, el bien público «Menorca» bastante zarandeado últimamente. Se trata de un bien limitado físicamente y regulado (Reserva de la Biosfera) por la voluntad de sus ciudadanos, que no debería ser objeto de transacciones que desvirtuaran su razón de ser. Por poner un ejemplo, permitir (desregular) construir en rústico no ayuda ni a solucionar el problema de la vivienda ni a incrementar el bienestar de los menorquines.
Mejorando el talento de la cadena de valor, incorporando profesionales formados tiene un efecto positivo. Atraer investigadores también. Ayudar a crear un sistema de pymes innovadoras va en línea con los nuevos paradigmas del desarrollo inclusivo.
Y si somos capaces de mejorar nuestra «administración» económica nos podría ir todavía mejor.