El anteproyecto de ley que ampliará las restricciones al tabaco aún tiene mucho recorrido por delante, la norma debe ser aprobada en el Congreso y allí podrá sufrir modificaciones, aún así, ya genera un intenso debate. En el fondo es la misma discusión de siempre, el derecho de unos a fumar o vapear y el de los demás a no respirar el humo que desprenden. La ley pretende ampliar los espacios libres de humo a piscinas, recintos de centros sanitarios, campus universitarios, estaciones de transporte público, terrazas de bares y restaurantes, y playas, entre otros. De hecho ya hay municipios en Menorca que declararon sus playas urbanas libres de humo, otra cosa es que se cumpla.
Es difícil sostener que en un arenal abarrotado en verano o en la terraza de un bar, con la mínima distancia entre mesas, el humo del vecino resulte indiferente. No es así, pero en muchas ocasiones son los fumadores pasivos los que intentan huir de las situaciones incómodas y, en lugar de confrontar a quien enciende un cigarrillo, lo dejan pasar, se minimiza la molestia o el riesgo por estar en una zona abierta, aunque una silla roce con otra. La ley acabará también con la incongruencia de que los menores no puedan comprar tabaco pero lo fumen, e impone la multa a sus padres, porque los hijos están bajo su responsabilidad. Hay quien argumenta que el Estado ingresa impuestos y que, para no poder fumar, mejor una prohibición total –Reino Unido por ejemplo lo ha hecho con los vapeadores desechables–, pero eso seguro llevaría al trapicheo y al estraperlo.
España ya ha aprobado varias leyes antitabaco, siempre con polémica, pero lo cierto es que hasta 2005 se podía fumar en los centros de trabajo, salías de la oficina con el mismo olor en la ropa y en el pelo que si hubieras estado en una discoteca, donde por cierto, también se fumaba. ¿Se lo pueden imaginar ahora? El cambio cuesta, pero contra el tabaquismo, es necesario.