En Balears somos expertos en arqueología administrativa: de repente aparecen 1.500 viviendas turísticas que no pagan ecotasa, pese a estar registradas. Es decir, propietarios que ingresan por alquiler vacacional, pero no aportan tasa turística, vigente en las islas desde 2016. No sé si disponen de licencia desde entonces, pero han tenido nueve años para enterarse. Espero que los cobros de los arrendadores no sean en negro y cumplan con el fisco como toca. No es que yo sea muy amiga de Hacienda, porque nos exprime sin compasión, pero es imprescindible que las obligaciones las cumplan todos con igualdad. O jugamos todos, o se rompe la baraja.
No obstante, esto es peccata minuta frente al escándalo oculto bajo el aparente orden: las cerca de 8.000 viviendas que se anuncian sin disponer de licencia, nada más y nada menos que el 40% de la oferta. Las cifras aquí sí evidencian una tremenda economía sumergida que implica dos cosas: mucho listillo que se burla de la normativa y la fiscalidad y rentabiliza desde la competencia más desleal, y un descontrol total en las instituciones públicas que deben regular este negocio. La baraja ya está rota.
Las sanciones deberían ser ejemplares, sobre todo para los que comercializan a escondidas, con la desfachatez de publicar sus inmuebles en plataformas de internet, a veces a precios astronómicos, sin que repercuta en las arcas públicas. Hemos visto hasta furgonetas a precio de hotel para dormir bajo las estrellas, como si este reclamo fuera la oportunidad de tu vida.
Resulta aberrante que la Administración solucione con indultos los incumplimientos de las leyes, porque eso es fomentar la insumisión. Quien debe velar por evitar el caos, no puede amnistiar la ilegalidad, como también ha hecho con las construcciones en suelo rústico, incluidas zonas protegidas.
Estos hallazgos administrativos evidencian una negligencia política prolongada que legitima parte del discurso de los hoteleros que, con avaricia, satanizan el alquiler turístico. El Govern presenta la regularización como un triunfo, pero detectar tan tarde un fraude masivo es más bien una derrota. Lo que en realidad asoma es una falta de control que convierte las licencias en papel de retrete y la ecotasa en un impuesto de aplicación voluntaria. El anterior ejecutivo autonómico debería asumir su incapacidad para ordenar el mercado del alojamiento turístico en lugar de culpar al que arrastra el resultado de su incompetente gestión.
El problema no es solo económico —millones que no se han recaudado—, sino también moral. El mensaje que se transmite al ciudadano cumplidor es lamentable, porque, además, las sanciones, cuando llegan, son ridículas. La trampa, así, no solo es rentable: es casi recomendable. Y si encima existe la expectativa de una amnistía administrativa, la cultura del fraude se consolida como norma.