El lector habrá visto el video muchas veces. En el proscenio, unos jugadores de baloncesto, formados en fila, se pasan una pelota a gran velocidad. Pasado un momento, en el fondo del escenario aparece un gorila. Sin hacer ruido, se sitúa detrás de los jugadores, cruza el escenario mientras estos siguen con sus pases, y desaparece en silencio por el otro extremo. Cuando se pregunta a los espectadores qué han visto, nadie menciona al gorila.
El video ilustra situaciones reales en las que pequeños detalles oscurecen un gran problema, y es de directa aplicación a la política española del momento. En las Cortes, (generales y autonómicas) nuestros políticos hacen aspavientos, gesticulan, se insultan (unos más que otros), dedican su atención a hurgar en los problemas personales -reales o imaginarios, ya se verá- de unos y de otros, concentran sus esfuerzos en tratar de hundir al antes adversario, hoy enemigo, o en resistir esos ataques. Mientras, el gorila ha entrado por un extremo del escenario y está a punto de salir por el opuesto. Ninguno de nuestros políticos lo ha visto. Se trata, naturalmente, del llamado «problema de la vivienda».
Sí, se habla mucho de ese «problema de la vivienda», como si fuera un problema más, como el alumbrado urbano o la recogida de residuos, cuando se trata de algo que está afectando a toda nuestra sociedad. Por eso me atrevo a decir que nuestros políticos no han visto el gorila.
En el caso de Menorca, la presión sobre la demanda viene de dos focos: el aumento de población residente, sobre todo inmigrante, y la presión turística. En la población inmigrante predominan los salarios bajos; los turistas, por su parte, pueden permitirse unos gastos de alquiler más elevados.
De las medidas propuestas hasta ahora, la más llamativa, la limitación de los alquileres, ha resultado en una desaparición de la oferta de alquiler, un efecto que se ha producido siempre en ocasiones similares. Un efecto parecido, esta vez del lado del mercado, lo ha producido el alquiler turístico, que ofrece al propietario unos ingresos superiores a los que le daría un alquiler normal y está en la base de la gran subida de los alquileres. Los bajos salarios no permiten el acceso a una vivienda en condiciones dignas, mientras la clase media, de los oficios tradicionales a las profesiones, no puede competir con el alquiler turístico. La dificultad de acceder acaba expulsando a la gente cualificada. La sociedad, aquí como en otras partes, se polariza. No es la sociedad que decimos desear. Es por eso que el «problema de la vivienda» es, en el fondo, el problema de elegir entre modelos de sociedad.
No hay recetas sencillas para abordarlo. Pero hay cosas en las que podríamos ir pensando: por ejemplo, quienes quieren disponer de mano de obra barata deberían recordar que no son ellos quienes soportan los efectos que la mano de obra ejerce sobre la demanda de vivienda y de otros servicios: recordemos que no hace demasiados años algunos hoteles ofrecían alojamiento a sus empleados. Los dedicados al alquiler turístico deberían recordar que la vivienda es una necesidad para el residente y un capricho para el turista. Hay otras muchas ideas, pero hay que desconfiar de las generalizaciones.
Para el éxito, un requisito indispensable y nunca cumplido: la transparencia. Los responsables han de comprometerse en objetivos concretos (vean los del plan, tan ambicioso, de Salvador Illa), en un calendario concreto y, sobre todo, en una rendición pública de cuentas después de cada hito del proceso. Sólo así conseguirán conciliar intereses contrapuestos, como se ha visto en el caso de la limitación de la entrada de vehículos en Formentera. Y no se confundan: los políticos no han visto al gorila, pero los votantes sí. Todas las encuestas recientes (no las que suelen leer nuestros representantes, que solo hablan de los porcentajes de voto) sitúan la vivienda como la primera o la segunda de sus preocupaciones. La reciente sesión del Ateneo sobre las modificaciones del PTI es buena muestra de que seguirán su gestión con mucho interés. Espero que, si esta vez no cumplen, los votantes se lo demanden.