La crisis de los cribados de cáncer de mama (solo estos?) está siendo una dura lección para el Gobierno de Andalucía y su presidente, hasta ahora con muy buen cartel.
Pero sobre todo es un drama para miles de mujeres en Andalucía (solo en Andalucía?), que viven con una gran angustia la falta de conocimiento de la evolución de su enfermedad.
Con los datos de que disponemos de momento se desprenden dos causas principales concatenadas. La primera, la Junta de Andalucía no gasta en radiología y procedimientos lo suficiente; está al 78 por ciento de la media nacional, y segundo está incumpliendo los plazos en la comunicación en la mayoría de las pruebas diagnósticas (en el 80% de los casos), comunicación garantizada por un decreto del 2004.
La espera en el conocimiento y en la intervención y la falta de coordinación son los dos ejes de la crisis desatada.
Es, sin lugar a dudas una crisis del sistema. Es excepcional lo que está pasando. Y ahora empieza el debate de cómo hacer frente a este desastre «nacional». Porque la crisis de la sanidad andaluza se parece demasiado a otras crisis de gestión publico-político.
Sin querer ser exhaustivos y a título enunciativo recordarán la crisis de la colza en 1981 con 20.000 intoxicados y 1.000 muertos. El Prestige en 2002, el Yac 42 en 2003 con 62 militares españoles y 13 tripulantes muertos, el Ébola en 2014, además de Aznalcóllar.
Hay que recordar también los ERE en Andalucía, y, más recientemente la dana en Valencia, con más de 200 muertos, y los incendios este año en Galicia y Castilla y León.
En el caso de Andalucía, distintas versiones señalan como origen el sesgo ideológico hacia el sector privado y la falta de inversión en profesionales, así como la falta de coordinación. En conjunto una gestión lamentable.
Parece muy conveniente la creación de una Comisión en el Parlamento andaluz que tuviera como misión la revisión completa del sistema sanitario público, con propuestas de obligado cumplimiento para el próximo ejecutivo.
Pero de momento se trata de salvar el mayor número de casos posibles poniendo todos los medios y estrategias posibles.
Entre ellos podría citar dos que ya se han puesto en funcionamiento en anteriores ocasiones.
Se podría hacer un llamamiento a radiólogos (jubilados o no) especialistas de toda España (con titulación homologada) para que presten sus conocimientos para tratar de acortar los plazos. Se debería, también, habilitar los equipamientos necesarios por las tardes y si fuera necesario por las noches. Al menos y como mínimo para salvar el gap de desconocimiento para las pacientes que no saben a que atenerse.
El Servicio de Salud debería publicar la situación real del estado de las pruebas diagnósticas y hacer un seguimiento muy estrecho. Lo peor es la falta de información fidedigna.
La segunda estrategia es mas fácil de implantar. Para salvar la falta (o la no disposición) de especialistas radiológicos ya se están utilizando profesionales, especialmente latinoamericanos, para que emitan sus análisis en usos temporales inversos. Es un procedimiento que está funcionando a satisfacción.
Se trata, como ven, de salvar vidas, sabiendo que hay que utilizar estrategias de crisis, porque se trata de casos excepcionales. Y esto es lo primero y básico.
Pero si les interesa discutir de la responsabilidad política les voy a contar un caso próximo, porque Josep Borrell estuvo en Menorca, en el Claustro del Carmen, invitado por la Fundación Rubio y Tuduri a dar una conferencia hace 15 días, con gran asistencia de público.
Borrell era ministro de Transportes en 1999; había ganado las primarias en 1998 en el PSOE a Joaquín Almunia, para ser candidato en 2000 a la presidencia del Gobierno, con fuertes expectativas.
En 1999 se descubrió que dos antiguos colaboradores suyos en la Agencia Tributaria habían sido acusados de corrupción, y Borrell, sin estar implicado, dimitió de ministro y de candidato.
Quizá algunos ejemplos, ya históricos, podrían sernos útiles en la coyuntura actual.