En aquellos tiempos de la agonía de la dictadura, incluso durante los primeros años de la democracia, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, infundían tanto respeto entre la ciudadanía como cierto temor por sus intervenciones, en determinados casos, acompañadas de una contundencia más que discutible.
Los guardias civiles constituían toda una autoridad en el mundo rural, aunque no en la medida que llegaron a tener durante la época de postguerra, mientras que la entonces denominada Policía Armada era vista con desconfianza por sus acometidas en concentraciones y manifestaciones no siempre autorizadas.
Los golpes de porra que daban los también llamados «grises» -más adelante, «maderos»- por el color de sus uniformes cuando cargaban contra la muchedumbre, estudiantes u obreros por lo general, derivaban en disturbios que originaban daños físicos y materiales en los centros de las ciudades.
Puede decirse que en esa época se ganaban parte de un respeto casi reverencial a base de ‘palos’ desproporcionados, en ocasiones. Cualquier grupo de jóvenes, de los que ahora son capaces de insultarles y plantarles cara despojándoles de la autoridad que deberían tener, entonces hasta se deshacían del cigarro Ducados que estaban fumando cuando los veían aproximarse «por si acaso».
Policías nacionales y guardias civiles tienen hoy claros sus límites, hasta dónde pueden usar la fuerza que siempre debería ser proporcional a la situación en la que intervienen. Cada año centenares de agentes son agredidos en el ejercicio de su profesión porque no tienen la protección que corresponde a su oficio.
Pero también los hay que dan razones a quienes todavía les ven como un cuerpo avasallador y agresivo. El agente de la UPR que hace un año encañonó a un ciudadano en Maó, en una gasolinera sin motivo que lo justifique, ejemplifica una conducta reprobable que le puede valer una condena penal y su expulsión del cuerpo cuya imagen ha dañado.