Cerca de 200 hectáreas de terreno rústico están ya ocupadas por placas fotovoltaicas en Menorca. Bajo el amparo de la transición energética aparecen otras amenazas para el campo, instalaciones que están transformando el paisaje y se comen suelo agrario y de pastos. Ante la etiqueta verde hasta ahora pocos se han atrevido a alzar la voz sobre el impacto que tienen los megaparques solares, la discusión se ha centrado más en los gigantes de generación de energía eólica marina; el Govern ya descarta desde un punto de vista social y ambiental el proyecto de la empresa francesa Qair, de doce molinos a dos millas de la costa norte menorquina.
Ahora surge por primera vez la contestación social a la proliferación de placas, la invasión de renovable solar en el campo, con la creación –en estado embrionario–, de una plataforma ciudadana que se opone a estas grandes extensiones de generación de fotovoltaica que van en aumento. Y eso que la red de transporte y distribución no tiene capacidad suficiente para evacuar toda la energía que producen, hay muchos de esos megavatios que no se pueden aprovechar.
Aún así el negocio es jugoso para multinacionales y grupos inversores. En otros territorios también ha saltado la voz de alarma, agricultores y ganaderos que temen ser expropiados y expulsados por la posibilidad de un nuevo pelotazo, que además parece incontestable ante la necesidad de avanzar hacia la descarbonización. Para algunos es un cambio drástico de su forma de vida, para otros una oportunidad. Lo cierto es que esta nueva plataforma que se impulsa en Menorca tiene razón en varios de sus planteamientos: mucho mejor, en una isla finita, sería utilizar suelos industriales o degradados para instalar las placas; apoyar el autoconsumo y planificar dónde se crean nuevos macroparques, antes que dejar que proliferen sin un orden, impactando en el sector primario y su beneficiario, el turismo.