El mismo día que, en el pleno del Parlament, el diputado del PSIB-PSOE Marc Pons pide al conseller Joan Simonet que retire la nueva ley agraria de Balears, las tres organizaciones profesionales del campo de Menorca manifiestan su apoyo a esta norma «porque la mayoría de las propuestas del sector han sido recogidas».
Los presidentes de las OPA menorquinas: Luis Nadal, de la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias (Agrame); Catalina Pons, madona de Son Quart, de la Federación Agrícola Ganadera (Fagme); y Margarida Llambies, de Unió de Pagesos, se suman al manifiesto conjunto que habían suscrito Asaja-Balears, Cooperatives Agroalimentàries de Balears, Unió de Pagesos de Mallorca y Unió de Petits Agricultors (UPA).
El día anterior, la Asociación de Empresarios Forestales de Menorca (Asefome) celebró que «por primera vez» la ley agraria de Balears reconozca y tenga en cuenta la gestión profesional y sostenible de los bosques de las Islas. Frente a las valoraciones de estas organizaciones, Més y el PSOE repiten el mismo discurso: es una ley que favorece la especulación turística y urbanística.
Pero no piensan ni dicen lo mismo las asociaciones del campo de las Islas al calificar de «ley necesaria para el sector, que esperamos aplicar lo antes posible» el proyecto del Govern Prohens que ahora inicia su tramitación en el Parlament.
Defienden los usos agrarios en el suelo rústico y al mismo tiempo reclaman actividades complementarias para mantener la actividad y garantizar la viabilidad y la rentabilidad de las explotaciones agrícola-ganaderas.
Añaden una advertencia a tener en cuenta: «No consideramos adecuado que otros sectores fuera del sector de la payesía quieran marcar cuál es el futuro de los agricultores, los ganaderos y las cooperativas de Balears».
El conseller, que conoce desde hace años la realidad agraria de las Islas, se siente apoyado y sabe que la ‘ley Simonet’ será beneficiosa para el sector en conjunto.