«Alcalde, eso no se puede hacer», «¿por qué?», dijo el alcalde, «porque es ilegal» le contestó el secretario del ayuntamiento. Era un buen alcalde –y un buen hombre-, elegido por amplia mayoría en el pueblo, tenía el apoyo y el aprecio de sus convecinos, lo que no tenía –ni tenía porqué- eran conocimientos legales. Otra cosa era el secretario, este, en su labor de «Pepito Grillo» y representante de la Administración, sí los tenía, y debía velar por su exacto cumplimiento.
A mediados del XIX, durante la Década Moderada, en tiempos de la joven reina Isabel II, el Gobierno de Bravo Murillo lleva a cabo una tarea gubernamental encomiable en una España necesitada de una profunda modernización. Entre sus grandes mejoras destaca la llevada a cabo para racionalizar la Administración con la creación de la Ley del Funcionario, que establecía el acceso a los puestos de los ministerios por el sistema selectivo de oposiciones –hasta entonces nombrados arbitrariamente a dedo–, garantizando con ello la permanencia del funcionario al margen de los bandazos políticos.
Hay en España tres instituciones que cualquier mindundi creyéndose Larra se atreve a criticar sabedor de que raramente será rebatido –ni siquiera contestado-, la Casa Real, la Iglesia, y la Administración; las dos primeras por protocolo –y dignidad–, la tercera por dejación de aquellos que deberían hacerlo. Esta indefensión ha favorecido la creación de una imagen tópica y caricaturizada del funcionario; el individuo tras la ventanilla, la encarnación de una lenta e ineficaz Administración, el cumplimiento de una farragosa normativa que él no creó, solo gestiona.
Todo funcionario está ahí porque en su momento demostró que era el mejor de los posibles. Los funcionarios –el Rey, entre ellos- son la mejor garantía de una gestión imparcial, sirven al Estado no al Gobierno –y ellos lo saben– «Cuando llegaste, yo ya estaba, y cuando te vayas –porque un día te irás– yo seguiré aquí. No te debo el puesto, no me debo a ti», le dicen. Ningún funcionario fue obligado a serlo, y a nadie se le prohibió acceder a ello. Cada uno está donde ha querido –o podido, muchos lo intentaron– estar. Personas con brillantes expedientes académicos y trabajadores magníficamente cualificados, tras una agotadora y paciente preparación –sé de lo que les hablo–, optaron en su día por una situación laboral concreta en la que primase la estabilidad sobre otras opciones seguramente más exitosas y mejor remuneradas. En este país, durante años, auténticos indocumentados manejaban dinero como si fuesen billetes del ‘monopoli’, mientras a los funcionarios se les congelaba el sueldo e incluso se les retiraban pagas extraordinarias –estas Navidades los niños no tienen regalos–. Cuando llegó la crisis, se habló incluso de recortarles el sueldo.
La finalidad de un empresario es la ganancia. La mayor empresa de España es la propia Nación, y el mayor empresario es el Estado, los funcionarios son los trabajadores de ese empresario; el esqueleto que sostiene la estructura de los servicios en la Nación. La ganancia se refleja en la bondad de esos servicios, sanidad, educación, defensa, seguridad, etc. Menos de la mitad del personal que trabaja en la Función Pública, son funcionarios de carrera, el resto son interinos. Colocados a dedo por el político que, ante la insumisión del funcionario, coloca a su propio técnico, asesor, o como quiera que lo nombre. Y lo que es peor, cuando se va, el que viene no solo no lo despide sino que coloca al suyo, porque no se fía del que colocó el anterior. Conclusión, la Administración está sobrecargada, los puestos triplicados, y las funciones solapadas, muchos pollos para tan poco arroz.
Poco tiempo después, coincidiendo con la jubilación del secretario, el alcalde recibió una comunicación desde la dirección del partido. No se iba a convocar la plaza de secretario, el puesto –de libre designación, claro– se cubriría de forma interina mediante contrato renovable. La nueva secretaria del ayuntamiento, una joven licenciada con magnífico perfil, llegó al pueblo una mañana soleada, la recibió un sonriente alcalde. Tras la bienvenida le dijo, «Tú tendrás contrato renovado cada dos años, y yo la necesaria flexibilidad por tu parte, ¿estamos de acuerdo?». «Quid pro quo» dijo ella. «¿Cuala?», dijo él.