La sentencia sobre el fiscal general del Estado sugiere que la Justicia parece mirar más a quien afecta que a qué sucedió realmente. ¿Actúa la Justicia española con verdadera independencia o se pliega, una vez más, a los intereses del poder político? Es una sensación desagradable porque algo se resiente. No se ha buscado la verdad sino cerrar un problema concreto que tenía nombre y apellidos: Díaz Ayuso y su entorno. Da la impresión que era prioridad cortar la hemorragia política y así evitar que la presidenta quedara salpicada. Blindarla, una vez más. Como un patrón. Cabe recordar que las posibles irregularidades que rodearon los contratos durante los peores meses de la pandemia se desdibujaron rápidamente. Y ahora el resultado es que quien confesó un delito se instala en la figura de víctima y quien lo persigue acaba señalado. Se ha obviado que algunos periodistas hayan declarado que la información circulaba antes de la supuesta filtración. Eso, curiosamente, da igual. Tampoco es halagüeño la fractura del Supremo, donde cinco magistrados conservadores se posicionan frente a dos progresistas. Las matemáticas son claras. Pero, claro, la Justicia no debería atufar a cálculo político y lamentablemente huele, mejor dicho, apesta, porque el mensaje es sumamente claro: hay nombres que no se tocan, ni se te pase por la cabeza. Y es devastador porque las reglas no son las mismas para todos. La sociedad tiene derecho a exigir una justicia que no distinga entre el poderoso y el ciudadano de a pie, que priorice la búsqueda de la verdad material sobre cualquier interés partidista. Se necesita una justicia que vuelva a ser creíble y no un espectáculo. Una justicia selectiva es abominable. Se dedica a suplantar la búsqueda de la verdad para convertirse en una herramienta útil tan solo para quienes saben manipularla. Y de eso tipos como Miguel Ángel Rodríguez saben latín.
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