Ya se han cumplido 50 años del fallecimiento del dictador, por ello me uno —con fervor satírico y democrático— al espíritu de sus conmemoraciones anunciadas…, o no!, según programa propuesto. Y es que no hay mejor forma de homenajear la libertad que insistiendo en borrar cualquier rastro de un tiempo oscuro, incluso aunque para ello haya que llevarse por delante media España.
Le escribo, pues, para ayudarle en esa noble tarea: purgar el país de cualquier vestigio del pasado franquista. No basta con trasladar momias ni renombrar calles; hay que ser coherente hasta el final. Si de verdad queremos «sanear la memoria», proceda usted sin temblores: derribe las cuatro millones de viviendas levantadas en aquella época oscura, cierre los embalses y pantanos que riegan la España rural, y dinamite los hospitales, ambulatorios y colegios construidos en época franquista. Nadie quiere beneficiarse de infraestructuras nacidas bajo un régimen dictatorial, perverso y diabólico, ¿verdad?
Y, por supuesto, arrase las más de 18.000 iglesias, conventos y escuelas religiosas reconstruidas tras la guerra, porque no vaya a ser que la piedra se contagie de autoritarismo. Después, derribe las miles de escuelas rurales, institutos y universidades nacidas en aquellos años; desmantele las carreteras y los ferrocarriles que todavía usamos; cancele la paga extra de Navidad y la Seguridad Social, y, ya puestos, elimine la monarquía que aquel régimen dejó instalada.
Solo así lograremos, por fin, una España limpia de toda sospecha histórica. Una España en la que nadie recuerde nada anterior al 1978, salvo los héroes selectos del Frente Popular que lucharon por la liberación de España, instalando checas en las principales ciudades del país, mas de 400 en total.
Porque, seamos sinceros: la llamada Ley de Memoria Democrática no ha nacido para reconciliar, sino para dividir con certificado de legalidad. Se presenta como justicia, pero se aplica como revancha. Se dice que busca verdad, pero solo acepta la verdad de parte. Lo que se está haciendo es corregir la historia, con santos y mártires elegidos a dedo y verdugos que solo lo son si llevan el uniforme equivocado.
Usted sabe, señor Presidente, que no hay nada más cómodo que una memoria con filtro. Bajo ese prisma, Largo Caballero, responsable de miles de muertes durante la guerra y de las checas en Madrid, se convierte en un «precursor del socialismo democrático» y usted, su admirador infatigable mientras que el general Mola, que preparó el alzamiento militar, es condenado al ostracismo eterno. ¿Cuál es la diferencia moral entre ambos?. Ninguna, salvo la ideológica. Ambos apostaron por la violencia como instrumento político, ambos fueron hijos de su tiempo y ambos causaron sufrimiento. Pero solo uno tiene calles, estatuas y homenajes en la España progresista del siglo XXI. Yo pienso que ni uno ni el otro se lo merecen a los ojos de hoy.
Esa es la magia de su ley: no busca recordar, sino seleccionar. No honra a todas las víctimas, sino solo a las que sirven al relato. Mientras se reescriben los nombres de las calles, se olvidan los miles de religiosos, monjas y civiles asesinados en la retaguardia republicana; mientras se glorifica a un bando, se entierra en silencio la memoria de los otros. Y todo se hace en nombre de la «democracia».
Lo irónico es que esa misma ley, que presume de «no repetir errores del pasado», ha generado una nueva censura: la del pensamiento histórico. Investigar, comparar o cuestionar se convierte en sospecha de revisionismo. Y así, el historiador libre es hoy tan incómodo como lo fue el disidente en tiempos de Franco.
Por eso mí propuesta inicial, señor Presidente, aunque sarcástica, irónica e intencionada, encierra una verdad amarga: si de verdad quiere eliminar todo vestigio de la dictadura, no tendrá más remedio que destruir el país entero. Porque España —la real, la que camina, estudia, produce y paga impuestos— está construida sobre las huellas de todas sus épocas, desde los primeros pobladores en Atapuerca, hasta la actualidad, tanto las luminosas como las siniestras. Y borrar una parte equivale a amputar su historia.
Quizá la tarea de un gobernante demócrata no sea limpiar, sino comprender; no reescribir, sino enseñar. No imponer la memoria, sino garantizar que todas las memorias puedan coexistir. Si de verdad queremos que las nuevas generaciones comprendan lo que fue la II República, la guerra, la dictadura y la transición, debemos enseñarles todo, con sus luces y sombras, no solo el fragmento útil para un eslogan.
La reconciliación nacional que costó tanto construir no se sostiene borrando placas ni dinamitando símbolos: se sostiene reconociendo los errores de todos y honrando a todas las víctimas, sin importar su ideología.
Así que, señor Presidente, antes de seguir con el relato maniqueo, y destructivo de la historia con fines políticos y no de hacer justicia, le propongo algo más revolucionario: exhume la verdad completa. Dele descanso a los muertos de uno y otro bando y ocupe su tiempo en servir a los vivos.
En definitiva, la mayor parte de los ciudadanos —al margen de ideologías— desea algo tan sencillo como sensato: que la historia se aborde con rigor y sin trincheras, que se respete el dolor de todas las víctimas y que los poderes públicos trabajen más por la convivencia que por reabrir heridas. España ha demostrado en muchas ocasiones que es capaz de avanzar cuando se reconoce plenamente su pasado y se mira al futuro con responsabilidad. Por eso, más que confrontación, lo que el país reclama hoy es serenidad, memoria completa y un compromiso real con la unidad y el bienestar de quienes siguen construyendo cada día una democracia plural y madura.