Donde tendría que haber llegado la administración pública acabará haciéndolo, temporalmente, el mismo propietario del piso que pretendía recuperar hace más de un año, en la calle Fort de L’Eau, de Maó, para su propio uso o el de un pariente cercano.
Una concesión suya, por humanidad, debe permitir hoy a una familia vulnerable permanecer en la vivienda hasta el 30 de enero. Así sucederá salvo que la situación dé un nuevo giro esta mañana. El juez mantuvo ayer el auto de desahucio pese al gesto del titular del piso, dando la opción a que las dos partes presenten esta misma mañana el acuerdo de la prórroga planteada por el dueño.
Se ha convertido esta persona en el garante del artículo 47 de la Constitución Española aunque solo sea durante 42 días más. «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», dice el texto, pero también añade que «los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho -que no es un derecho fundamental de aplicación inmediata, como sí lo es a la vida o a la libertad- regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación», justo lo que no han impedido hasta provocar la devastadora coyuntura actual.
En este caso habrá sido el particular quien proporcione una solución in extremis a esta familia cuando se trata de una responsabilidad que no le corresponde, considerando, además, que ya le había concedido el margen de un año más, a la finalización del contrato, para que diera con una alternativa.
Sociedades inmobiliarias, fondos de inversión y similares especulan sin atender a las personas, pero los particulares con alquileres no deberían quedar señalados por nadie si actúan al amparo de la ley para recuperar sus propiedades. Es la administración la que debe dar una salida a un núcleo familiar como el que sufre esta angustia, a través de vivienda pública u otros recursos residenciales.